Reunión con el Ministro de Justicia hoy día 4 de marzo a las 17:00 horas

Como venía reclamando CSIF desde su toma de posesión, el Ministro nos ha convocado, según reza en el correo electrónico:

“Con el fin presentar las líneas maestras de trabajo del Departamento para esta legislatura e iniciar una línea de comunicación abierta y permanente que nos permita conocer de primera mano las necesidades y mejoras que pueden abordarse e incorporar a nuestro Plan estratégico, el Ministro desea celebrar una primera toma de contacto con todos los Sindicatos representativos del sector Justicia, el próximo miércoles, 4 de marzo a las 17:00 horas"

Aunque el Ministro en su comparecencia ante el Congreso habló de los proyectos que fueron abandonados en 2011 cuando ganó las elecciones otro partido, no puede ni debe olvidar que hay acuerdos (2014, 2015, 2018 y 2019) suscritos por su Ministerio que deben cumplirse en su integridad. Seguiremos defendiendo el carácter de cuerpos nacionales, la reserva de función en puestos de Justicia y del Registro civil y el ámbito de negociación y las unidades electorales establecidas en la ley y constituidas conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

 

Esta tarde escucharemos al Ministro de Justicia y a su equipo, pero también se escuchará la voz de los funcionarios/as de Justicia. De todos aquéllos.Justicia 2030, Si, Pero también Justicia 2020, derechos laborales, mejoras en las condiciones de trabajo, apuesta decidida por el personal de justicia que no son muebles, son personas, son profesionales que merecen todo el respeto.

 

1.- Sin perder más tiempo, debe aclararse el futuro del Registro civil. CSIF mantiene su posición de defensa de un Registro civil público gestionado por funcionarios/as de Justicia y dentro de la Administración de Justicia. Para CSIF, la ley 20/2011 debe ser modificada, entre otras razones, porque prescinde de la experiencia y el conocimiento de quienes llevan defendiendo el Registro civil a pesar de la secular falta de medios y abandono a la que se ha sometido a este servicio público

2.- Que se elimine el agravio de la discriminación salarial en el complemento específico en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es necesario abordar la adecuación salarial de los Cuerpos de la Administración de Justicia que responda a la nueva realidad laboral y las funciones que realmente se asumen cada día.

3.-Que se potencie y prestigie el capital humano existente en la Administración de Justicia: La Justicia del siglo XXI viene exigiendo nuevos perfiles profesionales, además de una redistribución de las nuevas funciones y tareas asumidas como valor añadido por y para todos los Cuerpos. Es imprescindible que el esfuerzo que exige esta transformación venga acompañado de un más que justificado reconocimiento laboral y retributivo, así como de una formación continua adecuada a las necesidades detectadas, y sin olvidar dimensionar las plantillas a fin de garantizar la prestación del servicio de forma óptima, al amparo de la negociación colectiva e impulsando para ello los procesos selectivos que sean necesarios, adecuando los conocimientos exigidos en los mismos a las funciones reales que cada cuerpo realiza.

4.-Que se disponga de unos medios materiales suficientes y adecuados: sedes judiciales dignas, medios técnicos modernos para los IML y el INTCF, un modelo informático coherente y coordinado entre las administraciones competentes con equipos modernos, suficientes y adecuados para el trabajo en los órganos, oficinas, unidades, servicios e institutos de la Administración de Justicia.

5.-Que la Nueva Oficina Judicial y Fiscal no sea un fin sino un medio. Es preciso, parar y repensar el esquema de esta oficina. No todos los servicios comunes tienen razón de ser y el RD de las UPAD regula las dotaciones mínimas y no máximas que es como se ha interpretado por unas administraciones tacañas en materia de recursos humanos.  Las relaciones de puestos de trabajo deben atender a las necesidades de una Justicia del siglo XXI y favorecer la promoción profesional de los funcionarios de Justicia.

6.-Que se potencie una Justicia próxima al ciudadanoaprovechando la implantación de los Juzgados de Paz servidos por funcionarios de la Administración de Justicia. La Justicia ha de ser próxima al ciudadano para que sea reconocible por éste. Además, los servicios públicos deben jugar un papel esencial en el necesario y deseado equilibrio demográfico en nuestro país que es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Un nuevo modelo de Juzgados de Paz, potenciando sus funciones y dotándoles de la capacidad de mediación y de oficina de registro civil puede servir para descargar de trabajo a otros órganos judiciales conforme al acuerdo suscrito por el Ministerio en julio de 2014.

7.-Revisar el sistema de guardias tanto en la forma de prestación como en sus retribuciones, recuperar el complemento de violencia sobre la mujer en los ámbitos donde aún no se ha recuperado. Que se implanten unos sistemas de productividad reales, a la que se pueda acceder no por el Cuerpo al que se pertenece sino por cumplir con unos programas establecidos sobre datos objetivos y medibles.

8.- Establecer una real y efectiva carrera profesional, dotando de contenido este concepto retributivo introducido por la reciente modificación de la L.O. 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Un sistema de categorías o grados realmentepersonales y no ligadas al puesto de trabajo que permita la promoción profesional real en la Administración de Justicia sin necesidad de cambiar de destino.

9.-Sistemas de provisión de puestos de trabajo transparentes y sobre presupuestos objetivos. (concursos de traslados anuales y a resultas para todos los Cuerpos, bolsas de interinos, sustituciones y comisiones de servicio).

10.-Que se apueste por medidas de conciliación de la vida laboral y familiar reales a través de medidas de flexibilidad horaria, teletrabajo, bolsas de horas, comisiones de servicio etc…y medidas que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.Que el derecho a la formación continua no se convierta en un mero trámite y se convierta en una formación de calidad y orientada a la mejor prestación del servicio convirtiendo al CEJ en el centro de formación de TODO el personal de Justicia. Que se apueste por puestos de trabajo saludables y seguros implantando mecanismos de coordinación entre todas las administraciones implicadas en la prevención de riesgos laborales. 

11.-Aun cuando es un tema que trasciende el ámbito de la Administración de Justicia, es necesario abordar el incremento de las pensiones en el régimen de clases pasivas que evite la enorme pérdida nominal y de poder adquisitivo de los funcionarios/as que se jubilan en este régimen en vía de extinción. CSIF tiene propuestas a este respecto que no descuidan la cuestión de la sostenibilidad del sistema.

12.- Que se dote a la MUGEJU de los presupuestos suficientes para que pueda desarrollar su importante labor en el ámbito sanitario y de prestaciones sociales tras años de recortes. En este sentido no podemos olvidar la discriminación en materia de pago de medicamentos por los mutualistas jubilados, la falta de firma de convenios sanitarios entre la MUGEJU y las CCAA para la asistencia primaria y de urgencia en localidades de menos de 20.000 habitantes, los problemas de interpretación del concierto sanitario con las entidades privadas (concepto de urgencia vital). Es imprescindible, además, replantear la composición de los órganos de controlde la mutualidad revocando la pésima reciente reforma que fue impuesta por el anterior equipo sin negociación alguna. Una reforma que ha sustituido una verdadera representación de los mutualistas por una representación orgánica de castas y que ha eliminado todo atisbo de crítica a la gestión de la Gerencia y del Ministerio.

13.- Que se dote al Ministerio de Justicia del personal suficiente y que se les incentive para quedarse de tal forma que se puedan gestionar las oposiciones, los concursos, la prevención de riesgos laborales etc.. de forma rápida, eficiente y eficaz con un equipo de personas estable.

14.-Debe darse cumplimiento y pleno desarrollo a los puntos de los acuerdos firmados en 2014 y 2015. Entre otras cuestiones, sigue pendiente el tema de las cotizaciones sociales por periodos trabajados, pero no cotizados.

15.- Para terminar, en el programa del Gobierno de coalición y el Ministro en su comparecencia en el Congreso han señalado la voluntad de promover “un Pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales” y, en CSIF compartimos esa necesidad ante el enorme reto que supone modernizar la Administración de Justicia y estamos preparados para aportar nuestras propuestas a dicho pacto.

 

No obstante, en CSIF creemos firmemente que un pacto de estas características no puede tener éxito si no sirve para dignificar y situar al personal al servicio de la Administración de Justicia en el centro de las reformas que se propongan. Así, cabe recordar y reconocer que todos los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, con profesionalidad y entrega, han mantenido el funcionamiento de la Administración de Justicia pese a las dificultades, la escasez de medios y los rigores presupuestarios para cumplir los compromisos de estabilidad.