Las leyes de Eficiencia que impulsa Justicia facilitan la privatización y dificultan el acceso del ciudadano a un servicio básico

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que los proyectos de ley de Eficiencia, que próximamente comenzarán su tramitación en el Congreso, abren la vía de la privatización de la Justicia al exigir al ciudadano una mediación -que debe sufragar de su bolsillo- como requisito previo para que se admita su demanda. CSIF advierte de que esta mediación se pone en manos de personas ajenas a la Administración, es decir, profesionales liberales y despachos de abogados.

 

El sindicato presidido por Miguel Borra explica que los actuales proyectos de ley contemplan la creación dentro de la oficina judicial de un servicio para apoyar la entrada de estos agentes externos en la aplicación de un servicio público, como es la administración de Justicia. Esta circunstancia incrementa los trámites y la burocracia para los ciudadanos en el ejercicio del derecho fundamental a obtener una resolución judicial definitiva.

 

Frente a este escenario, CSIF propone la creación de un sistema de mediación público y que, al mismo tiempo, permita desarrollar al personal de Justicia -como letrados y gestores- una carrera profesional en estos momentos de cambio y asumir un servicio como ya existe en el ámbito judicial de lo social. La eficiencia y sostenibilidad de un servicio público se garantiza aprovechando al máximo el potencial de la plantilla, en vez de buscar soluciones fuera y privatizando ese servicio público.

 

Información oculta y fuera de la negociación colectiva

 

Por otra parte, denunciamos que el Gobierno nos ha ocultado deliberadamente documentación complementaria, como los modelos de referencia de la oficina judicial y las relaciones de puestos de trabajo, aspectos que presuntamente ya ha acordado el Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas en una reunión celebrada ayer en Toledo.

 

Consideramos que se impone un esquema de servicios, funciones y tareas que afectan a las retribuciones y jornada del personal de Justicia, creando una gran incertidumbre entre el personal de Justicia en los concursos de traslado y atribución de funciones. CSIF recuerda que todas estas materias son objeto de negociación colectiva según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), por lo que la futura ley “responde al más puro despotismo ilustrado donde el Ministerio de Justicia y las CCAA imponen un modelo que afecta a las condiciones de trabajo de forma autoritaria”.

 

Ante esta situación, advertimos de un “otoño caliente” en la Administración de Justicia si el Gobierno sigue rehuyendo la negociación colectiva como prevé el TREBEP, como sucedió en diciembre de 2018, donde se convocó una jornada de huelga y una gran manifestación en Madrid.