CSIF reclama financiación al Ministerio de Universidades para mejorar las plantillas y reducir temporalidad: promoción, renovación y estabilización

El anterior titular de Universidades, Joan Subirats, no concretó cómo se hará realidad el compromiso de destinar el 1 por ciento del PIB al gasto público en educación universitaria, ni de dónde procederán los 3.100 millones de euros necesarios ni tampoco el calendario o las aportaciones por parte de las diferentes administraciones.

CSIF advierte que el incremento de los costes de personal provocado por la aplicación de la LOSU asfixiará económicamente a las universidades públicas, que tendrán serias dificultades para asumir la contratación de los docentes que demandan. En este sentido, nos consta que algunas universidades están valorando no aplicar la LOSU, mientras que otras no están teniendo más remedio que masificar las clases ante la imposibilidad de contratar más profesores.

Del mismo modo, pedimos a las comunidades autónomas un compromiso de corresponsabilidad y de esfuerzo para incrementar las plazas de Profesor Ayudante Doctor y multiplicar los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI).

CSIF expresa su preocupación ante el riesgo de que la LOSU cronifique la precariedad y la temporalidad en la universidad pública (la tasa actual de interinidad es del 40 por ciento, muy alejado del 8 por ciento que Bruselas ha fijado como tope desde el 1 de enero de 2025), por lo que es urgente renovación de las plantillas de docentes y personal técnico, teniendo en cuenta que el 52 por ciento tiene más de 55 años.

SIETE MESES SIN ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Por otra parte, el pasado 12 de noviembre se cumplieron siete meses desde que entrara en vigor la LOSU, y ya se ha hecho realidad su primer gran incumplimiento: el Estatuto del Personal Docente e Investigador. La Disposición Final Décima de la ley orgánica establece que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, el Gobierno presentará al Congreso de los diputados un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador”.

Este Estatuto, que afectará a más de 110.000 profesores e investigadores de universidades públicas, será un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia. También debe regular temas como el régimen del PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, sus procesos de selección, etc.

CSIF exige mejorar el desfasado e injusto sistema retributivo del PDI del año 1989 en el que prima un sistema de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de evaluación permanente

Otro grave incumplimiento por parte del Ministerio de Universidades es la no convocatoria del Sexenio de Transferencia del que solo hubo una prueba piloto en 2018 y que, por cierto, tuvo resultados muy desiguales entre hombres y mujeres. A pesar de los reiterados anuncios del Ministerio de Universidades y de la ANECA, llevamos 5 años esperando una nueva convocatoria con criterios objetivos, transparentes y bien definidos. Tampoco hay excusa para no haber creado el Sexenio de Docencia que el ex ministro Manuel Castells anunció a bombo y platillo.