Muface y Mugeju restringen las PCR a los funcionarios del Estado
- Prensa y Comunicación
- Notas de prensa y comunicaciones
25 de noviembre de 2020
- CSIF elevará una queja al presidente del Gobierno y ministerios implicados y estudia acciones jurídicas por la ineficacia del protocolo
- Miles de funcionarios, policías, docentes, se ven obligados a costear la PCR de su bolsillo: los centros de salud no les atienden y las compañías concertadas solo hacen la prueba cuando hay síntomas graves
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha elevado una queja al Consejo General de Muface ante las incidencias detectadas en la aplicación de la prueba PCR por parte del colectivo de funcionarios/as del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada.
Al igual que en el caso de Muface, CSIF ha recopilado numerosas incidencias en Mugeju, en las que los mutualistas nos indican las trabas que tienen que afrontar, por lo que el sindicato ha elevado también distintas quejas.
En virtud del protocolo de Muface, las compañías solo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo Covid y las personas que tienen que someterse a una operación quirúrgica.
Los mutualistas se encuentran “en tierra de nadie” ya que las comunidades autónomas les deniegan las pruebas por tener la sanidad concertada (sobre este hecho incide también la saturación que afrontan los centros de salud), mientras que las compañías concertadas indican que no están autorizadas para indicar la PCR por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad.
De esta manera, en la mayoría de los casos, se deniega directamente la prueba, se les remite al sistema público (donde se les deniega la atención), o bien se les invita a llamar al teléfono Covid para resolver sus dudas.
Por este motivo, miles de funcionarios del Estado y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface –en la actualidad hay 1.486.596 entre funcionarios y beneficiarios, de los cuales alrededor del 77 por ciento están acogidos a la sanidad con compañías concertadas— prefieren pagar la prueba de su bolsillo a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del Covid-19 a tiempo.
Además, cuando los mutualistas consiguen que les indiquen la PCR al tener síntomas graves, esta se demora hasta una semana desde que se asiste a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares. CSIF también ha detectado que MUFACE no pone en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Seguridad Social cuando se comunica un positivo.
Desde CSIF, queremos solicitar que se revisen estos protocolos de actuación y si así fuera necesario incrementar la financiación, para poder solventar las dificultades que surgen en el día a día y que se dé la difusión necesaria en todas las comunidades autónomas para garantizar la equidad en la asistencia y evitar que se produzcan este tipo de incidencias por desconocimiento o falta de transparencia.
CAMPAÑA ORDINARIA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE
CSIF también ha detectado incidencias en la campaña ordinaria de vacunación de la gripe:
- No existir coordinación entre las compañías y el sistema sanitario público para facilitar el listado de los colectivos de riesgo.
- Escasez de vacunas.
- No prescripción de la vacuna.
- Largas listas de espera e incluso imposibilidad de coger cita para vacunarse.
- Algunas compañías cobran las vacunas aduciendo falta de acuerdo con Muface.
- Solo es gratuita para el personal de riesgo y para los mayores de 65 años.