CSIF reclama negociar ya los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y las reformas pendientes en las Administraciones, tras el relevo de Escrivá

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la parálisis en la negociación con Función Pública durante el mandato de Jose Luis Escrivá; han sido más de ocho meses sin convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, lo que ha ocasionado un retraso en las reformas pendientes para mejorar nuestros servicios públicos y las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos.

 

Por eso, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, espera trabajar cuanto antes con el nuevo titular de Función Pública para reactivar la negociación colectiva y acometer estas reformas: mejorar las retribuciones, eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo o la mejora de las pensiones y condiciones de jubilación, entre otras.

 

De entrada, desde CSIF estamos preocupados por las dificultades del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos Generales para 2025 que, en todo caso, deben incluir un nuevo acuerdo salarial. El actual -firmado por el Gobierno, CC.OO. y UGT- termina este año; y arrastramos una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde su firma en 2022 y un 20 por ciento acumulado desde los recortes de 2010.

 

Coincidiendo con el comienzo del curso sindical, CSIF también exige al Gobierno que apruebe cuanto antes una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales de personal de la administración, que se elimine la tasa de reposición, y se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento a finales de este año (actualmente es del 30 por ciento, el doble que en el sector privado).

 

En definitiva, CSIF exige al Gobierno que no demore más el inicio de las siguientes reformas:

 

• Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

 

• Culminar los procesos de estabilización en las AAPP.

 

• Implantación de la jornada de 35 horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la reclamamos igualmente para el sector privado.                    

 

• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales como la homogeneización de la promoción interna, la carrera profesional, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

 

• Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño o la citada carrera profesional.

 

• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).

 

• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.

 

• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

 

• Regulación e implementación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.

 

• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.