Miles de empleados públicos de toda España, convocados por CSIF, salen a las calles por la mejora de las condiciones de los empleados públicos y en defensa de MUFACE

11 de noviembre de 2024

- Las movilizaciones continuarán el próximo 16 de diciembre y se prolongarán con medidas más contundentes si el Gobierno sigue sin reaccionar
- La Función Pública está abandonada: reclamamos unos Presupuestos que incluyan un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, oferta de empleo público sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización y mejoras de la jubilación, entre las prioridades de CSIF
- El Gobierno sigue instalado en la parálisis: sin acuerdo de financiación autonómica, con conflictos laborales en SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo, entre otros ámbitos
- Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a los afectados por los efectos devastadores de la DANA: los empleados públicos han actuado, como siempre y en momentos difíciles, con responsabilidad y solidaridad

Miles de empleados públicos se han concentrado hoy en toda España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros). Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas.

 

Esta campaña de movilizaciones incluye la defensa de la asistencia sanitaria en MUFACE, seriamente comprometida, después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica insuficiente del Gobierno.

 

Las movilizaciones se han producido frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país, y continuarán el próximo 16 de diciembre. CSIF no descarta nuevas medidas más contundentes si el Gobierno continúa sin convocar a los representantes de las/os empleados públicos para negociar una mejora de sus condiciones.

 

El presidente de CSIF, Miguel Borra, expresó durante la concentración en Madrid la preocupación del sindicato ante la incapacidad del Gobierno para poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas (cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales o la Administración General del Estado) y alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de Presupuestos.

 

Las concentraciones también han servido para rendir homenaje tanto a los afectados por esta catástrofe como al conjunto de los empleados públicos que están actuando en la zona del desastre con enorme responsabilidad y profesionalidad.

 

CSIF entiende que es necesario empezar a negociar sin más demora y de aquí a final de año los siguientes temas pendientes:

 

  • Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluye a finales de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 5 por ciento desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT y un 20 por ciento desde los recortes de 2010. En este periodo, la masa salarial de los empleados públicos pertenecientes se ha reducido en 4.721 millones en los Presupuestos Generales del Estado.

 

  • Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.  CSIF llevó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados en 2023 y ante el rechazo de la Mesa de la Cámara, tiene recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional.

 

  • Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.

 

  • Culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino. A 31 de diciembre la cifra no debe superar el 8 por ciento del total y las convocatorias que afectan a miles de personas van con retraso de meses.

 

  • Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

 

  • Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

 

  • Mejora de las condiciones de jubilación.

 

  • Garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, con una adecuada financiación.

 

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