CSIF pide incrementar la financiación de las universidades públicas, tras el endurecimiento de requisitos para crear las privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige un incremento de la financiación destinada a las universidades públicas, una vez que finalmente el Gobierno ha endurecido los requisitos de creación de universidades privadas -algo que nuestra organización lleva años reclamando- para que estos centros tengan que cumplir los mismos requisitos de las públicas en ámbitos como docencia, investigación, infraestructuras, instalaciones o recursos económicos.

CSIF recuerda que el sistema universitario español está inmerso en una infrafinanciación endémica y que las universidades públicas han perdido un 20 por ciento de financiación en los últimos 10 años. Además, según el último informe de la OCDE, el gasto total en España por estudiante universitario es un 21 por ciento inferior que en la UE.

CSIF denuncia que Gobierno y CC.AA. están enfrentadas porque evitan el compromiso de incremento presupuestario. En concreto, las comunidades autónomas le reclaman al Ejecutivo que aporte 4.000 millones de euros para llegar al 1 por ciento del PIB en 2030, como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), mientras que el Gobierno considera que la financiación de las universidades públicas es una competencia autonómica.

En este sentido, consideramos que la solución pasa por un Pacto de Estado para alcanzar el 1 por ciento del PIB, y que resuelva qué administraciones (central o autonómicas) y en qué porcentaje aporta los fondos que garanticen la financiación suficiente que necesitan las universidades públicas para continuar prestando enseñanza superior e investigación de calidad.

 

Estatuto de Personal Docente e Investigador universitario sigue en el cajón

CSIF también denuncia que el Gobierno ha vuelto a retrasar la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con la excusa de la “situación de prórroga de los Presupuestos”, obviando que la Ley Universitaria establece que, seis meses después de su entrada en vigor (la norma comenzó a aplicarse en abril de 2023), “el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del Estatuto de Personal Docente Investigador Universitario”.

Es decir, el Estatuto lleva casi dos años de retraso, por lo que instamos al Gobierno a que se deje de excusas y muestre voluntad política para retomar cuanto antes las negociaciones, ya que la última se produjo hace más de 8 meses (en concreto el 24 de julio de 2024).

Este Estatuto regulará aspectos fundamentales de 111.000 profesores e investigadores de universidades públicas, como sus funciones, dedicación, modelo salarial, movilidad, promoción interna y procesos de selección. También servirá para establecer una carrera profesional clara y progresiva que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia y la investigación.