La propuesta de reforma de las pensiones supone una pérdida de hasta 8.000 euros al año en la jubilación voluntaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado manifiesta su rechazo al proyecto de reforma de las Pensiones porque supone un nuevo recorte a los derechos de las personas trabajadoras a acceder a la jubilación voluntaria, a partir de los 35 años de cotización, que podrían perder hasta 8.000 euros al año.

 

La reforma que plantea el Gobierno con el apoyo de CCOO y UGT, en primer lugar, endurece la penalización a la jubilación voluntaria incrementando los coeficientes reductores en función de los años cotizados. Además, esta nueva propuesta puede reducir hasta un 21 por ciento la pensión, mientras que en la actualidad las pensiones más altas se reducen como máximo un 4 por ciento sobre la cuantía de la pensión máxima, en el caso de que un trabajador decida adelantar su retiro, tras cumplir los requisitos establecidos (haber cumplido 63 o 65 años y haber cotizado un período mínimo de 35 años).

 

Esta propuesta penaliza a las personas trabajadoras que han cotizado muchos años y al final de su carrera tienen un sueldo elevado. CSIF entiende que no hay derecho que después de una trayectoria profesional larga y una base de cotización alta se puede penalizar a un trabajador por el hecho de querer adelantar en dos años su retiro.

 

 

 

 

Tramos reductores y pérdida anual en la pensión

 

En función de los tramos de cotización, actualmente, se aplican los siguientes coeficientes reductores que minoran la cuantía de la pensión en este tipo de jubilación voluntaria:

 

Años cotizados	Reducción de la pensión
35 años y menos de 38 años y 6 meses	16%
38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses	15%
41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses	14%
44 años y 6 meses o más	13%

 

Una vez aplicada dicha reducción sobre la base reguladora si la cuantía resultante de la pensión es superior a la máxima establecida (2.707,49 €) se aplica una minoración de un 0,50% por trimestre, lo que supone un máximo de un 4% menos de dicha cuantía. En este supuesto, se percibiría una pensión de 2.599,19 €, lo que equivale a una pérdida anual de 1.516,2 €.

 

La nueva propuesta del Gobierno

 

El nuevo proyecto de Ley, si bien mantiene los tramos de cotización, incrementa los coeficientes reductores penalizando más dicha jubilación voluntaria de tal manera que establece:

 

Años cotizados	Reducción de la pensión
35 años y menos de 38 años y 6 meses	21%
38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses	19%
41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses	17%
44 años y 6 meses o más	13%

 

 

A ello se suma que en aquellos casos que se accede a la jubilación voluntaria y una vez aplicado dichos descuentos la cuantía resultante es mayor que la cuantía máxima que se puede percibir, se aplican los mismos coeficientes reductores anteriores (entre el 13 y el 21%) sobre dicha cuantía de la pensión, de tal manera que lo que percibiría el trabajador sería una cantidad equivalente a:

 

 

 

Años cotizados	Cuantía pensión	Pérdida anual
35 años y menos de 38 años y 6 meses	2.138,91 €	-7.959,28 €
38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses	2.193,06 €	-7.202,02 €
41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses	2.247,21 €	-6.443,92 €
44 años y 6 meses o más	2.355,51 €	-5.207,72 €

 

 

En 2011, el entonces Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, con el apoyo de CCOO y UGT, llevó a cabo el primer recorte de las pensiones, elevando la edad para poder acceder a la jubilación e incrementando el número de meses para el cálculo de la base reguladora, pasando de 180 a 300 meses, lo que sin duda supuso un recorte en la cuantía de la pensión.

 

Los efectos de dicha reforma, que entran en vigor de forma progresiva, fijan que para jubilarse en 2021 hay que tener cumplida la edad de 66 años siempre que se tengan menos de 37 años y 3 meses cotizados. En 2027 la edad ordinaria de jubilación será de 67 años si se tiene menos de 38 años y 6 meses de cotización. En aquellos casos en los que se tengan cotizados 38 años y 6 meses o más se podrá jubilar a los 65 años.

 

Diez años después, se pretende realizar un nuevo recorte en la jubilación que obedece exclusivamente a la incapacidad manifiesta en la gestión, que siempre acaba repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos, y que además en este caso puede desincentivar las bases de cotizaciones alta.

 

CSIF traslada sus enmiendas a los grupos parlamentarios

 

CSIF está llevando a cabo una ronda con todos los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras enmiendas en materia de pensiones:

 

• Jubilación voluntaria a los 60 años con un periodo mínimo de cotización 30 años
• 100% de la pensión con un periodo de cotización igual o superior a 38 años para las jubilaciones voluntarias (si tienes menos años cotizados, se descontaría un 3 por ciento por cada año que reste hasta los 38).
• Se podrá acceder a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años.
• Proponemos una compensación en la pensión para aquellas personas que, pudiéndose jubilar de manera voluntaria con el 100 por cien de la pensión, decidan prorrogar su vida laboral.

 

 

 

Equiparar las pensiones de Clases Pasivas a las del Régimen General

 

Por otra parte, CSIF ha reclamado a los grupos parlamentarios la equiparación de la cuantía de las pensiones de Clases Pasivas a las del Régimen General.

 

La cuantía de las pensiones del régimen de Clases Pasivas se regula por los haberes reguladores que se publican anualmente en los Presupuestos General del Estado y para el cálculo de la cuantía de la pensión, a diferencia del Régimen General donde se computan los últimos 25 años, se computa toda la vida laboral del trabajador.

 

Esto supone una doble penalización: por un lado, no se cotiza sobre el conjunto de retribuciones que se perciben sino por la regulación anual de los Presupuestos y por otro, al computarse toda la vida laboral se perjudica las carreras profesionales que culminan en una categoría superior. Esta circunstancia puede suponer una merma en la pensión de entre el 15 y el 35 por ciento, en función del grupo profesional, en relación con la cuantía que se percibe en el Régimen General.

 

En este sentido, CSIF ha propuesta a los grupos parlamentarios establecer un incentivo de un 5% anual acumulable para aquellos empleados y empleadas públicas pertenecientes a Clases Pasivas que decidan voluntariamente prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación voluntaria cuando se percibe el 100% de los haberes.

 

Esta propuesta además de corregir la desigualdad en la cuantía de la pensión, reivindicación histórica de CSIF, se traduce también en un ahorro económico. Según la memoria económica que apoya la propuesta de CSIF, si el 50% de las jubilaciones voluntarias efectuadas en 2020 hubiesen prorrogado su vida laboral, supondría un ahorro económico de 50 millones de euros para la hucha de las pensiones.