Más de 50.000 funcionarios en la región afectados por la crisis de Muface: quedan diez días para la huelga convocada por CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno celeridad y soluciones urgentes para resolver los casos de desatención sanitaria que están sufriendo los empleados públicos por parte de las aseguradoras debido a la crisis de Muface.

En una reunión con delegados de CSIF Castilla-La Mancha llevada a cabo en Toledo, el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, ha hecho hincapié en la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas que están sufriendo los mutualistas, además de la incertidumbre generada sobre el futuro del mutualismo administrativo. 

Esta situación afecta a más de un millón y medio de funcionarios y sus familias. En Castilla-La Mancha hay 50.405 mutualistas que reciben su asistencia sanitaria a través de aseguradoras y que continúan sin saber qué va a suceder. CSIF está asesorando a las personas afectadas por esta situación y también ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.

Tras las movilizaciones llevadas a cabo en noviembre y diciembre frente a todas las subdelegaciones del Gobierno y la gran manifestación que reunió a más de 50.000 personas en Madrid el 14 de diciembre, CSIF mantiene la huelga del próximo 13 de febrero al que está convocado el personal docente (tanto universitario como no universitario), trabajadores de la Administración General del Estado y el personal funcionario de Correos.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha señalado que “todavía no sabemos cuándo se va a reabrir el plazo para la presentación de licitaciones y tampoco conocemos las condiciones económicas, lo que está claro es que el 31 de marzo finaliza la asistencia sanitaria para estos 50.000 mutualistas que hay en Castilla-La Mancha y seguimos recibiendo cientos y cientos de quejas por falta de asistencia, por denegación de pruebas o por retraso de las mismas. Y estamos hablando de la asistencia sanitaria de nuestra Policía Nacional, de nuestros funcionarios docentes, de profesorado de universidad, de los funcionarios de los ministerios y de la Administración General del Estado y sobre todo también estamos hablando de miles y miles de jubilados”.

A pesar del mensaje de tranquilidad que se lanza desde el Gobierno, CSIF reclama certezas. La gestión de esta crisis ha sido negligente; el Ejecutivo podría haber resuelto el concierto sanitario en octubre del pasado año y no llegar a la actual situación límite.

Asimismo, CSIF censura que este modelo haya sido seriamente cuestionado de manera interesada desde el propio Gobierno, creando un debate público innecesario cuando Muface ha demostrado su eficacia descongestionando los servicios de salud y su eficiencia suponiendo un menor gasto público. De hecho, son los propios mutualistas los que financian el concierto sanitario al sustraerse mensualmente de sus nóminas una cantidad que varía dependiendo de su categoría.

Por último, Borra, que ha lamentado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025, también ha incidido en la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo salarial tras la pérdida de un 5,8 por ciento de poder adquisitivo desde la firma del anterior acuerdo en 2022, y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010; una oferta de empleo público para este año y hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas.