CSIF se manifiesta por el Día del Empleado Público y denuncia la pérdida de más de 1.000 efectivos del sector público en un año en la provincia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha concentrado esta mañana, con motivo del Día del Empleado Público, que se celebra hoy, día 3, para denunciar la pérdida de 1.093 efectivos en el sector público en el último año en la provincia, tal y como recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Bajo el lema ‘Servicios públicos, lo primero. Tú lo mereces’, la central sindical ha pretendido visibilizar el deterioro de los servicios públicos básicos en la provincia de Almería y también de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan.
En concreto, tal y como ha explicado la vicepresidenta de CSIF Almería, Aima Serrano, los datos del Boletín reflejan que la provincia registra un 2,2 por ciento de trabajadores y trabajadoras menos de las distintas administraciones públicas en el último año, es decir, desde julio de 2021 a el mismo mes de 2022, pasando de un global de 39.370 profesionales a 38.502. En concreto, por sectores, la Administración General del Estado ha perdido más de medio centenar, las administraciones dependientes de la Junta de Andalucía, Educación, Sanidad, Justicia y su Administración General, más de 800 y la Administración Local, en entorno a los 200 trabajadores y trabajadoras. 
Aprovechando la celebración de la citada efeméride, CSIF subraya la dificultad con las que se prestan en demasiadas ocasiones servicios como la sanidad pública, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o el SEPE, entre otros, por el déficit de personal que arrastran. Por ello, el sindicato ha querido trasladar su apoyo a los empleados y empleadas públicas, “que sufren en sus carnes la falta de personal y la falta de apoyo de las administraciones, así como una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más de un 25% en la última década”, ha matizado Serrano.

Serían necesarios más de 3.000 empleados y empleadas públicas
En este sentido, la vicepresidenta del sindicato ha explicado que para que los servicios públicos de Sanidad, Educación, Justicia y Administración de la Junta estuviesen adecuadamente dimensionados en la provincia, serían necesarios al menos 3.000 nuevos efectivos. “Con los datos del Boletín oficial hablamos únicamente de la amortización de los puestos de trabajo del personal que se jubila o fallece y cuyas plazas no se sustituyen o desaparecen de las OEP. Sin embargo, esa cifra solo soluciona un tercio de las necesidades y la falta de personal existente, en total serían necesarios más de 3.000 profesionales solo en los servicios dependientes de la administración autonómica en la provincia”, ha subrayado la vicepresidenta.
 “Como ejemplos más cercanos, hay que reforzar la Atención Primaria en Sanidad, no se pueden reducir unidades de la escuela pública y hay que paliar el déficit de profesionales del colectivo laboral de administración y servicios de colegios e institutos, sin olvidar que nuestros órganos judiciales han aumentado en los últimos tiempos, por tanto, es necesaria una revisión en profundidad de las plantillas y la correspondiente adecuación de trabajadores para prestar el servicio público que la ciudadanía merece y garantizar unas condiciones laborales para todos y cada uno de los empleados públicos almerienses”, ha argumentado Serrano.

Rechazo a los intentos de desprestigio
Por último, Serrano ha enfatizado en que “los trabajadores y trabajadoras del sector público lo que quieren es hacer bien su trabajo y es en ellos en quienes recae la falta de inversión y la desidia de las administraciones competentes”, al tiempo que ha rechazado “ciertos intentos de desprestigio hacia los empleados públicos, a los que en demasiadas ocasiones se achacan los problemas que desgraciadamente existen en la prestación de distintos servicios públicos a la ciudadanía, cuando no son ellos los responsables sino también las víctimas de la dejación de las administraciones, al igual que la propia ciudadanía”.
Por último, Serrano ha concluido explicando que “los empleados y empleadas públicas necesitan poyo y más recursos para hacer correctamente su trabajo y no son los culpables del deterioro de los servicios públicos”, y ha insistido en demandar que cesen los intentos de desprestigio hacia ellos, “ya que son los que soportan a costa de mucho esfuerzo y desgaste el déficit de recursos existente”.