Los sindicatos de Justicia convocan huelga de 24 horas a partir del 4 de mayo, tras el rechazo del Ministerio a realizar una oferta económica

El Comité de Huelga de la Administración de Justicia en Almería, conformado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, junto a CCOO, STAJ y UGT, se ha concentrado esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial donde han informado que, tras la reunión mantenida ayer con el Ministerio de Justicia y ante la falta de acuerdo, los funcionarios y funcionarias de esta administración intensifican las movilizaciones, quedando suspendidos los paros parciales a partir de mañana, día 26. De esta manera, arrancan con unas jornadas de huelga general que darán comienzo el próximo día 4 de mayo, con otra nueva gran concentración con funcionarios de todas España, frente a la sede ministerial. Asimismo, los paros totales se repetirán los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. 

 Según ha explicado Antonio Salvador, responsable del Sector Justicia de CSIF Almería, “no vamos a parar hasta que se reconozca profesional y retributivamente nuestras funciones reales. El Ministerio se ha negado a presentar en firme una propuesta económica, bloqueando cualquier negociación que incluya dicho aumento salarial y una revisión de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación”.
En cualquier caso, tal y como ha subrayado el responsable del Sector Justicia de CSIF, el Comité de Huelga, a partir de este momento, va a estudiar nuevas medias para endurecer las protestas y las anunciaremos. “En estos seis días de huelga se han paralizado cientos de expedientes, y se han visto interrumpidas decenas de juicios en la provincia. Con su actitud, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública van a agravar los retrasos en la Administración de Justicia que tardarán años en resolverse. Y pedimos disculpas a la ciudadanía por ello, pero es en el Ministerio de Justicia donde deben tomar conciencia y negociar y atender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Justicia, dado que están demostrando su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”.