Los funcionarios de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo

Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo. Así lo ha anunciado CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia, que junto a STAJ, CCOO y UGT afronta esta décima jornada de huelga por una subida salarial acorde con las funciones que realizan. De esta manera, el sindicato da al Ministerio de Justicia diez días de plazo para que presente una oferta económica o las movilizaciones continuarán y se paralizará la Administración de Justicia.

En este sentido, una delegación de las organizaciones sindicales antes mencionadas ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.
“Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales”, argumenta el colectivo afectado, que mantiene las jornadas de huelga previstas para los días 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, a las que se sumará la huelga indefinida a partir del 22 de mayo. 
Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Desde CSIF se lamentan los perjuicios que está provocando esta huelga a la ciudadanía (ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia”.