CSIF reclama a la Junta que modifique el reglamento actual para que la Policía Local esté autorizada para portar pistolas eléctricas para su autoprotección

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama a la Junta de Andalucía que modifique con celeridad la legislación vigente para que se permita a los ayuntamientos la compra de pistolas eléctricas destinadas a aumentar la seguridad de los policías locales de la comunidad autónoma en el ejercicio de su profesión. 

El Sector de Administración Local de CSIF, ha indicado que es necesario que se dote a la Policía Local de Andalucía de dispositivos electrónicos de control y, para ello, es urgente que se modifique el actual Decreto 93/2003 de homogeneización de medios técnicos de los cuerpos de la Policía Local, que no lo contempla. Desde el sindicato han lamentado “la desidia” mostrada por la Administración andaluza ante las constantes peticiones de la central sindical para que modifique dicha normativa y que se permita a las corporaciones locales la compra de este equipamiento defensivo para uso los agentes. 

La central sindical ha criticado que la Junta “se niegue a modificar el decreto actual argumentando que será la legislación autonómica la que fije el tipo de armas que pueden recibir los cuerpos de la Policía Local como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones y entre las que se encuentra el dispositivo electrónico de control que pedimos desde CSIF”. Precisamente la ley a la que se refiere la Administración andaluza, la Ley 6/2023, de 7 de julio, entró en vigor el pasado 8 de agosto.    

Para el sindicato esta propuesta del Gobierno andaluz “no soluciona el problema que plantea la Policía Local, puesto que habría que esperar meses o, incluso un año, para que el desarrollo normativo de la ley recientemente estrenada autorice el uso de las pistolas eléctricas por parte de los miembros de este cuerpo de seguridad. En este sentido, CSIF reclama a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa que “valore nuestra propuesta de modificar el decreto con el objetivo de no esperar más tiempo en un asunto tan importante como la autoprotección de los policías y que los deja indefensos ante cualquier agresión donde por proporcionalidad no puedan usar sus armas de fuego”. 

Desde el Sector de Administración Local han explicado que desde hace un tiempo la intervención de armas de la Guardia Civil prohíbe que las entidades locales puedan adquirir las pistolas eléctricas para los policías locales “justificando su decisión en que la normativa andaluza las cataloga como prohibidas y que, por tanto, no puedan portarlas”. 

Para la central sindical esta interpretación de la norma andaluza “es sesgada”, ya que Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local en su anexo II recoge explícitamente que  “al personal perteneciente a los Cuerpos de la Policía Local, se le dotará por parte de los ayuntamientos del equipo básico policial que a continuación se señala, sin perjuicio de que cada Corporación Municipal pueda añadir otros elementos complementarios, tanto de autoprotección como para la prestación de los servicios; en todo caso, cada elemento de dotación contará con el correspondiente adiestramiento para su uso”.

En este sentido, CSIF ha destacado que la normativa andaluza sí recoge que las entidades locales puedan dotar a sus policías locales de otros elementos de protección siempre y cuando formen a sus policías en el manejo de ellos. Por tanto, desde el sindicato “no entendemos la sinrazón de la intervención de armas por parte de la Guardia Civil, máxime cuando sus propios agentes están pidiendo que se les dote de este tipo de armas por la inseguridad cada vez más latente que se registra en las actuaciones de los agentes en la calle”. 

Para el sindicato, la Policía Local es un cuerpo de seguridad igual que lo son la Guardia Civil y la Policía Nacional y a diario se enfrentan a situaciones donde las respuestas de las personas son cada vez más agresivas. Además, en muchos municipios andaluces quienes prestan los servicios de seguridad ciudadana son los policías locales por la falta de guardias civiles o porque la pareja de agentes más cercana está a kilómetros de distancia.

Por todo ello, CSIF insta al Gobierno andaluz “a que ponga remedio a esta sin razón, defienda el trabajo y la profesionalidad de las policías locales y modifique el decreto vigente mientras se aprueba el nuevo reglamento de medios técnicos para que la intervención de armas de la Guardia Civil en Andalucía no impida la adquisición de las pistolas por parte de los ayuntamientos andaluces”.