CSIF Educación critica la inacción y el mutismo de la Junta en la reforma de la Formación Profesional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha alertado del ‘limbo regulativo’ en el que se encuentran los centros que imparten Formación Profesional por la ausencia total de desarrollo normativo de la Junta de Andalucía ante la nueva ley estatal sobre este nivel formativo. Esta inacción por parte de Administración andaluza es “muy preocupante”, puesto que el periodo de admisión de alumnado es inminente y los centros educativos aún desconocen las directrices para poder planificar su oferta formativa, cambios horarios en varios módulos, así como la dotación de la plantilla docente necesaria.

 La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha criticado la falta de previsión y el mutismo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para aplicar las reformas derivadas del Real Decreto 659/2023, que supone modificaciones sustanciales en Formación Profesional y que afecta a la estructura modular, la optatividad del currículo y la duración de los ciclos, además de la formación en los centros de trabajo.

            García ha manifestado que la Formación Profesional es una pieza clave en el sistema educativo, puesto que es una puerta de entrada al mercado laboral y cumple una labor fundamental en el impulso económico de Andalucía, por lo que “no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el panorama actual de incertidumbre en el que se encuentran estudiantes, profesores y el resto de actores involucrados”.

En una carta dirigida a la Dirección General de Formación Profesional, García reclama a la Administración que con carácter urgente implemente de forma efectiva el modelo de los ciclos formativos que se deriva de la nueva normativa y se desarrollen los cambios normativos en Andalucía, de acuerdo con las directrices del Real Decreto.

Es acuciante para CSIF Educación, según se expone en el escrito, que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional convoque “con la máxima celeridad posible las distintas Mesas Sectoriales y técnicas y que facilite, previamente y con la antelación suficiente, los borradores para hacer un análisis exhaustivo y en profundidad, a fin de garantizar de forma conjunta que los posibles cambios no afecten a la calidad de la formación impartida, ni empeoren las condiciones laborales del profesorado implicado”.

En este sentido, la dirigente sindical ha advertido que en CSIF “no estamos dispuestos a aceptar políticas de hechos consumados, teniendo en cuenta lo avanzado que está el curso escolar, y que los desarrollos normativos no sean negociados en el seno de la Mesa Sectorial de Educación”.

La dirigente sindical ha insistido en que “no vamos a tolerar esta falta de organización de la Consejería del ramo para garantizar la negociación colectiva que tiene por objeto una formación de calidad y una adecuada planificación del profesorado”, un colectivo que, por el momento, la Junta “mantiene lamentablemente al margen, pese a ser una pieza clave para el desarrollo de estos ciclos”.

            Precisamente, la nueva regulación plantea cambios que afectan de lleno a los docentes quienes tendrán que sumar a sus tareas habituales, la de buscar empresas para que los estudiantes de ciclos formativos puedan desarrollar las prácticas. En este sentido, la central sindical ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que estos profesionales de la enseñanza asuman el trabajo correspondiente de un comercial y se conviertan en “buscadores de empresas” que acojan al alumnado, lo que supondría un incremento de la carga burocrática que ya padecen y que les dificulta para ejercer su función principal de docencia.

Para la responsable sindical, la reducción progresiva de la ratio en las aulas y que viene recogida en la disposición adicional séptima del Real Decreto, es “un aspecto que hay que aplicarlo con suma delicadeza puesto que, aunque estamos convencidos que una menor ratio tiene efectos directos en la mejora de la calidad de la enseñanza, nos negamos a que esta medida implique una disminución en la oferta de plazas”. A su juicio “hay que garantizar una oferta amplia y diversa de puestos, con reducción de la ratio, pero ampliando las plantillas docentes”.

Inquietud sobre la capacidad de las empresas

Otro aspecto que genera incertidumbre para la responsable sindical es la disponibilidad de empresas dispuestas a acoger al alumnado en prácticas. En un contexto donde el tejido productivo está compuesto, principalmente, por pequeñas y medianas empresas, e incluso microempresas, “nos surge la preocupación sobre si éstas empresas tendrán la capacidad suficiente para ofrecer una formación de calidad, sin limitar la experiencia de aprendizaje del alumnado”, ha añadido García.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía ha mostrado en la carta a la Dirección General de Formación Profesional la total disponibilidad de la central sindical para abordar este asunto, al igual que todos aquellos aspectos que redunden la calidad de la formación que se imparte y los temas que preocupan a las plantillas de docentes.

Asimismo, García se ha mostrado muy crítica también con el Ministerio de Educación después de que este mismo jueves, se celebrara una convocatoria de Mesa Sectorial, después de meses de ausencia y con textos cerrados, sin posibilidad de negociación alguna, sobre los títulos de Formación Profesional y enseñanzas mínimas de los distintos ciclos formativos sin dar oportunidad a una negociación efectiva sobre los mismos.