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El Gobierno anuncia la subida salarial de 2024 para las/os empleados públicos, tras las presiones de CSIF.

* Es una subida insuficiente, llega con meses de retraso: o se activa la negociación en las administraciones públicas, o no descartamos movilizaciones  

*El acuerdo salarial firmado con CC.OO y UGT nos condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo del 6%*

CSIF, con motivo de la celebración de su X Congreso, denuncia la parálisis en la que se encuentra inmerso el Gobierno, ante la inestabilidad parlamentaria, la situación política, la prioridad dada a la Ley de Amnistía, o las causas judiciales, que está causando un retraso injustificado para iniciar la negociación. De entrada, los empleados públicos siguen sin recibir la subida salarial correspondiente a 2024 y en la Administración del Estado, ni siquiera se ha recibido el 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2023.

Pero es que, además, España tiene pendiente reformas en nuestras administraciones relacionadas con las políticas de empleo, la gestión de recursos humanos o el acceso a los altos cargos, que condicionan el desembolso de los fondos previstos en el Mecanismo de Recuperación de la UE.

Estos fondos también están ligados a la reducción de la temporalidad, aspecto que nos preocupa tras la reciente sentencia del TJUE y que a 31 de diciembre no puede superar el 8 por ciento (la temporalidad sigue estancada en el 30 por ciento, según el INE).

Mientras tanto, las y los empleados públicos siguen sufriendo pérdidas retributivas por el mal acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase (ya va más de un 6 por ciento de pérdida desde la firma del último acuerdo), envejecimiento de las plantillas y deterioro continuado de los servicios públicos en todos los ámbitos (sanidad, educación, universidad, justicia, Administración del Estado, entre otros).

En el marco de su X Congreso Nacional, CSIF se marca como hoja de ruta la consecución de los siguientes objetivos:

·     Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

·     Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario Eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.

·     La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

·     Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición.

·     Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

·     Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).

·     Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.

·     La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

·     Regulación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.

·     Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.

·     Reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presentes en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa entre el 3 y el 5 por ciento. Así se eliminaría el monopolio de los sindicatos de clase, respondiendo a la necesidad de trasladar al campo sindical el pluralismo democrático de la sociedad española.