La propuesta del incremento del 9,5% hasta tres años, de las retribuciones para los funcionarios públicos, no se sustenta.

Hemos asistidos a uno de los tantos desencuentros de, los que nos tienen acostumbrados, las centrales sindicales. La recuperación del poder adquisitivo de los sueldos de los funcionarios públicos ha sido la incisión, en esta ocasión, en la que el sindicato CSIF, en solitario, ha fijado su posición en contra a la propuesta presentada in extremis por el Gobierno Central.

En lo referido al incremento de los sueldos de los funcionarios públicos atenderemos a lo establecido por el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público que, como norma básica, es de aplicación a todas las administraciones públicas y, cuya competencia es propia del Estado, a través de su Ley de Presupuesto Generales del Estado. Pero, con igual mención, debemos atender a lo dispuesto por el artículo 37.1 del mismo texto legislativo, por él que se establece, entre otras, elevar esta materia a negociación colectiva. Realidad que no se ha dado, toda vez que, lo que se ha elevado a la Mesa General de Empleados Públicos ha sido una propuesta presentada, de manera unilateral, por parte del Estado, sin previa valoración y margen de negociación con los agentes sociales.

Un incremento salarial con una subida del 9,5% entre los años 2022 y 2024, conforme al siguiente desglose:

• 2022, sobre el 2% ya incrementado desde el inicio del ejercicio 2022, se aplicará un incremento del 1,5%, significado una subida global del 3,5%.
• 2023, se establece un incremento directo del 2,5%, más un 0,5% vinculado al IPC acumulado de los años 2022 – 2023, siempre que su valor supere el 6%. Asimismo, se propone otro incremento del 0,5%, conforme al comportamiento del PIB y en el supuesto de que éste supere 5,9%.
• 2024, un incremento lineal del 2%, más otro adicional del 0,5% condicionado al que el IPC acumulado de 2022 – 2024 supere un teórico 8%.

Un gran titular a cinco líneas, que llevó a los sindicatos UGT y CCOO anunciar, el mismo día, su ratificación sin entrar a cuantificar su efecto real sobre el valor de renta, actualmente menguado, de las retribuciones que perciben los funcionarios públicos.

Llegados a este punto, recordemos que el sindicato CSIF ha sido el impulsor de la campaña de movilizaciones en el seno del sector público. Dando visibilidad al malestar general que se ha instaurado en el sector y en recuperación de los derechos que les han sido suprimidos a los empleados y empleadas públicas a través de los llamados decretazos durante los años 2010 y 2012. Derechos, tanto de índole social como de valor económico que, en el año 2018, con la firma del Segundo Acuerdo con el Estado, abrieron una vía de recuperación a través del diálogo social.

Seamos realista, y coloquemos las piezas del puzle en su correcto emplazamiento, para con ello poder ver la imagen real. Un diálogo social, sí. Pero, hasta el pasado día 24 de septiembre, se había encontrado con la puerta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cerrada a cal y cantos. Y hago referencia a esta fecha del 24 de septiembre, por su coincidencia con la macro - concentración realizada en Madrid y promovida por el sindicato CSIF, en la que estos empleados y empleadas públicas han expresado su disconformidad a las políticas de personal que están llevando a cabo la señora Montero y el equipo de su Ministerio.

Volviendo a ese gran titular a cinco líneas que por su propio peso se desmorona como castillo de naipes. La propuesta planteada no conlleva a esa subida teórica 9,5%, es más, ni se acerca al condicionado 8% establecido en el comportamiento del IPC acumulado en el periodo 2022-2024, para tener derecho a ese nuevo incremento adicional del 0,5% previsto para 2024.

Analíticamente, la subida prevé un incremento lineal del 6% para los años 2023 – 2024, incorporando una adicional del 1,5% a la revisión ya realizada para el año 2022. Lo que viene a suponer al final del periodo una incidencia acumulada del 6,12% con referencia al 1 de enero de 2022. Quedando condicionado al comportamiento del IPC y del PIB las revisiones adicionales propuestas por un monto del 1,5% y que, si se dieran, pudieran generar un valor acumulado del 7,72% con referencia al inicio del periodo. Por tanto, los funcionarios, con esta propuesta, siguen perdiendo valor de renta y poder adquisitivo en sus sueldos.

Igualmente, aclarar que las reivindicaciones del sindicato CSIF no se refieren únicamente a la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos con los referidos recortes y pactos de rentas a los que han sido sometidos a partir del año 2010. El paquete de medidas que se ha puesto sobre la mesa de negociación engloba, entre otras materias, asuntos como:

• Derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras.
• Supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las CCAA puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro.
• Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa.
• Modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos.
• El incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.
• La jornada laboral de 35 horas/semanales.
• El teletrabajo.
• La igualdad de género en el sector público.

Asuntos que, por su interés, en materia a ser tratadas en su correspondiente Mesa General de Empleados Públicos y cuya irradiación va a abarcar al resto de las administraciones públicas para su desarrollo. Por consiguiente, esperamos que la puerta abierta el pasado 24 de septiembre, sea una vía cierta y efectiva en el ámbito de la negociación colectiva.

 

Canarias a, 15 de octubre de 2022