CSIF lanza la campaña del Día Internacional de Prevención del Suicidio con el lema Abramos los ojos a una realidad. Actuemos ante el suicidio laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Internacional de Prevención del Suicidio el próximo 10 de septiembre, bajo el lema “Abramos los ojos a una realidad. Actuemos ante el suicidio laboral” poniendo en marcha una campaña de prevención y de información sobre las señales para su detección.

CSIF considera que el Plan de Salud Mental 2022-2024 -aprobado el pasado mayo y que abarca diversas estrategias de prevención del suicidio- llega con retraso y urge desarrollar las acciones con la mayor inmediatez. Las cifras son escalofriantes y se necesita una ágil respuesta. En la sanidad pública hay insuficientes especialistas en salud mental, lo que genera un retraso en las listas de espera de entre tres y seis meses. Además, el presupuesto es inferior al de otros asignados para reducir la mortalidad por otras causas, como los accidentes de tráfico, a pesar de que el suicidio provoca 2,7 veces más muertes que las que suceden en las carreteras.

En España es la primera causa de muerte no natural, por delante de los accidentes de tráfico. En este sentido, en 2020 registró la mayor cifra de fallecidos por esta causa -un total de 3.941 personas (2.930 hombres y 1.011 mujeres)- según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Muchas de estas personas eran de mediana edad y pasaban gran parte de su tiempo en su lugar de trabajo, por lo que CSIF reclama la puesta de marcha de estrategias de prevención del suicidio en el ámbito laboral ante este problema de salud pública y deficiente gestión de la salud mental. Si se consiguen lugares de trabajo saludables y seguros se crean empleados sanos y productivos.

La relación entre trabajo y suicidio tiene diferentes vertientes. Entre los factores laborales que pueden llevar a una persona a tener ideaciones suicidas se encuentran: situaciones traumáticas o de estrés laboral sostenido en el tiempo, jornadas laborales maratonianas que no permiten la desconexión, el acoso laboral, el acceso a medios letales (medicación, pesticidas o armas), aunque también figuran la pérdida del empleo o el desempleo de larga duración.

En este contexto, el entorno laboral puede constituir un lugar primordial para implementar estrategias de prevención del suicidio en la edad de adulta; al igual que los centros educativos son esenciales, en el caso de la infancia y la adolescencia.

Además, hay colectivos profesionales -como el personal de seguridad y emergencias- con altas cargas de estrés por las características propias de su trabajo, a las que se añaden otras problemáticas familiares derivadas de un trabajo sometido a turnos y horarios intempestivos, sin festivos y sin periodos vacacionales fijos.

Por último, la pandemia por la COVID-19 y sus efectos colaterales han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía en general, pero éstos se han acusado especialmente entre los diferentes colectivos profesionales que han estado en primera línea de lucha contra el virus, como así lo reflejan los datos de la reciente encuesta realizada por CSIF sobre la salud mental.

Por todo ello, reclamamos la aprobación urgente de un Plan de Prevención Nacional del Suicidio, con dotación presupuestaria y con medidas específicas para los colectivos profesionales más vulnerables. En concreto, CSIF ha trasladado una batería de propuestas y de reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, a diversos Gobiernos autonómicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre las que se encuentran:

• Aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya medidas para los colectivos profesionales con mayor incidencia (policías locales, sanitarios, etc.) y coordine las iniciativas en comunidades y ayuntamientos.
• Un Protocolo Antisuicidio específico en cada administración para los colectivos profesionales más vulnerables, como Policía Local y personal de la Sanidad, al igual que se ha creado para Policía Nacional y Guardia Civil.
• Mayor inversión en salud mental con un enfoque multidisciplinar.
• Programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral.
• Los suicidios derivados del ámbito laboral sean considerados accidentes laborales, tras una autopsia psicosocial.
• Campañas de sensibilización social para romper estigmas, tabús y que pueda identificarse. Las administraciones deben incrementar sus recursos.
• Ampliación de los criterios del registro del INE para determinar la actividad profesional del suicida.
• Promoción de la educación emocional desde las primeras etapas educativas.
• Medidas para dar a conocer los factores de riesgo asociados al suicidio y actuaciones específicas para prevenirlo.
• Asesoramiento específico a las familias afectadas.
• Formación para que los profesionales aprendan a gestionar y regular el estrés laboral y los impactos en el trabajo.
• Formación y capacitación de los profesionales de la Atención Primaria y de los Médicos/Enfermeros del trabajo para identificar grupos de riesgo y técnicas de detección y manejo de conductas suicidas.
• Que los medios de comunicación se impliquen activamente ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.