CSIF emprende acciones legales contra el Ayuntamiento de Quintanar del Rey por vulneración del derecho a la huelga de las trabajadoras del SAD

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia las presiones que están recibiendo las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Quintanar del Rey por parte del Ayuntamiento de la localidad conquense ante la convocatoria de huelga de este servicio para los próximos días 4,5 y 6 de noviembre.

 

CSIF, que ya ha iniciado acciones legales, señala que el Ayuntamiento de Quintanar del Rey está preguntando individualmente a cada una de las trabajadoras del SAD si van a realizar huelga, algo totalmente ilegal.

 

Asimismo, también se han comunicado unos servicios mínimos totalmente abusivos que afectan al 100% de la plantilla. El Consistorio ha informado de unos servicios mínimos por grados de dependencia 2 y 3 y para la atención personal, y se les ha comunicado a las trabajadoras por un medio no oficial las horas que tienen que trabajar, pretendiendo que trabaje toda la plantilla y algunas de las empleadas casi en su jornada completa.

 

Es más, la vulneración del derecho a la huelga también se evidencia en el hecho de señalar como obligatoria la limpieza de los domicilios, lo que va en contra de la normativa vigente, la cual señala que quedan exentas de servicios mínimos las actividades que no generen graves trastornos a la sociedad.

 

Las trabajadoras están recibiendo presiones desde diferentes vías para no realizar la huelga. CSIF reclama que se dictaminen unos servicios mínimos adecuados, los cuales deben ser para levantamientos, movilizaciones y asistencia esencial de usuarios, además de que no puede afectar al 100 por cien del personal, tal y como recogen diferentes sentencias del Tribunal Constitucional.

 

CSIF recuerda que las trabajadoras del SAD, plantilla compuesta por 30 trabajadores, cuentan con unas condiciones laborales precarias, una jornada laboral de 37,5 horas frente a las 35 horas que disfrutan el resto de empleados municipales y unas remuneraciones por debajo de lo que marca la regulación regional de Bienestar Social.