El Ministerio convoca el día 30 a los sindicatos para “informar” sobre el acuerdo firmado por Función Pública con los LAJ y para la “toma en consideración del mismo”

CSIF está de acuerdo con el Ministerio de Justicia de que “toda la ordenación retributiva de la Administración de Justicia tiene estrechas interdependencias entre carreras, cuerpos, categorías, grupos de población, tipos de puesto… de forma que cualquier cambio que se plantee, siquiera aislado o limitado a un determinado cuerpo, tiene impacto colateral y en cascada sobre las retribuciones del resto del personal de la Administración de Justicia” Nota sobre algunos aspectos de las retribuciones de los LAJ 12/04/2022.

 

Para CSIF la extensa justificación que se recoge en el acuerdo firmado por Función Pública es perfectamente aplicable a la totalidad de la oficina. La LOEO y el resto de leyes de eficiencia nos van a afectar a TODOS los que trabajamos en las oficinas judiciales y no sólo a unos pocos. En este sentido el acuerdo está claramente incompleto si no recoge una subida salarial para los Cuerpos Generales y especiales sin cuyo concurso el trabajo en la oficina judicial no saldría adelante.

 

CSIF acudirá a esa reunión con ánimo constructivo, pero con una exigencia clara: que el Ministerio de Justicia presente una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios/as de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia y las funciones que verdaderamente desarrollan día a día en los Juzgados y por el esfuerzo y el nuevo rol que deben adquirir en la aplicación de las leyes de eficiencia.

 

El Ministerio debe aprovechar estos días para buscar el dinero y presentar una propuesta económica suficiente que permita llegar a un acuerdo satisfactorio.

 

En caso contrario el conflicto está servido, de nuevo, en la Administración de Justicia. El daño en la convivencia dentro de las oficinas judiciales es evidente y el acuerdo que ningunea el papel de 45.000 empleados públicos de Justicia y desprecia su papel esencial para el buen funcionamiento de la Justicia, no ha mejorado la situación precisamente.

 

Los funcionarios de Justicia están hartos de escuchar eso de las 600 funciones que luego, sólo ellos realizan materialmente.  Hartos de realizar funciones por encima de las tasadas en la LOPJ porque si no el Juzgado se hunde, sin reconocimiento retributivo alguno.

 

Hartos de que los cambios organizativos y tecnológicos se resuelvan con el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de sus derechos laborales o con privatizaciones de la Justicia para favorecer a determinados colectivos.

 

Los funcionarios de Justicia están indignados por las presiones e instrucciones recibidas durante la huelga para que no hicieran su trabajo con el silencio cómplice del Ministerio y más todavía, cuando, ahora, se están dictando instrucciones para evitar el envío masivo del trabajo realizado en borrador durante los dos meses de huelga y se están acordando planes de actuación reales o encubiertos para recuperar la normalidad perdida por la huelga de otros.  En este sentido CSIF tiene claro que, lo que no se podía hacer en la huelga tampoco se puede hacer ahora sin la presencia del LAJ mientras ese trabajo no se retribuya adecuadamente.

 

En manos del Ministerio está en cambiar esta desastrosa realidad y tender puentes para recuperar, de verdad, la normalidad en los órganos judiciales.