CSIF demanda al Gobierno por excluir a los sanitarios de la jubilación anticipada.

Nota de prensa publicada en Diario Médico
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A CSIF se le ha acabado la paciencia y considera que la interlocución con la Administración ha entrado en vía muerta. El sindicato de funcionarios, mayoritario en la Función Pública, ha presentado hoy una demanda formal contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por excluir al personal sanitario de la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada por coeficientes reductores.

 

La demanda, presentada por la vía de lo social, no persigue otra cosa que la Seguridad Social dé el primer y preceptivo paso que el sindicato de funcionarios lleva años reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez: que se inicien los estudios previos tendentes a la inclusión del personal sanitario entre los colectivos profesionales que pueden acogerse a la jubilación anticipada. Según el Real Decreto 1698/2011, en el que el sindicato fundamenta su demanda, ese estudio previo debe incluir aspectos como siniestralidad, morbilidad y mortalidad por enfermedad, y su relación directa con el trabajo; condiciones de trabajo (peligrosidad, insalubridad, toxicidad, turnicidad, trabajo nocturno...) y requerimientos físicos o psíquicos para la actividad.

 

CSIF pidió hace más de un año a Inclusión que iniciara el estudio previo de viabilidad.

 

En septiembre de 2021, CSIF solicitó formalmente al Ministerio de Inclusión el inicio de ese estudio preceptivo y ayer, más de un año después, el departamento de José Luis Escrivá le ha contestado al sindicato que no está legitimado para iniciar ese trámite y que, por tanto, lo desestima. En la argumentación ministerial se alega, entre otras cosas, que, dentro del colectivo sanitario, hay trabajadores autónomos, y que la petición formal debería haberse cursado de forma conjunta con ellos.

 

"Alegar que CSIF, uno de los sindicatos que forma parte del Ámbito de Negociación, no está legitimado para iniciar el procedimiento es una excusa peregrina y contraria al decreto de 2011. Intuimos que el Gobierno opta por una maniobra disuasoria, y muy poco fundamentada desde el punto de vista jurídico, para no acometer esta medida en lo que queda de legislatura", afirma Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF. Hontangas abunda en esa idea con otro argumento: "Han dilatado al máximo el tiempo de respuesta y nos han contestado apurando los plazos legalmente establecidos para no incurrir en silencio administrativo".

 

El artículo 10 del decreto de 2011, que regula el procedimiento para fijar coeficientes reductores, deja claro que el proceso puede iniciarse a instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena (o por cuenta propia), a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal. "Nuestra petición fue clara, taxativa y dirigida a un colectivo muy concreto, lo cual no es óbice para que otro colectivo del sector sanitario también formule su petición, ni, desde luego, resta legitimidad alguna a nuestra petición", dice Hontangas.

 

El decreto de 2011 deja claro que el trámite puede iniciarse a instancia de un sindicato.

 

CSIF, y el resto de los sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación, llevan años reclamando que el personal sanitario tenga derecho, como otros colectivos (mirenos, policía local, bomberos, personal de vuelo...), a una jubilación anticipada, parcial y voluntaria, mediante la aplicación de coeficientes reductores en el cálculo de la pensión y atendiendo a la "especial penosidad" de su actividad.

 

En su petición formal al ministerio de Escrivá, CSIF se remitió directamente a la Ley de Seguridad Social, que especifica que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación "podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad". Hontangas añade que esa petición iba acompañada de sendos estudios que "justifican con creces el fundamento de nuestra petición", uno de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y otro, de 2011, avalado por el entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: "Estudio comparativo de puestos de trabajo con turnicidad".

 

"Por dinero no es"

 

Hontangas insiste en la idea de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere sacar adelante esta medida antes del fin de la legislatura, y se remite a las negociaciones mantenidas esta misma semana en el seno de la Mesa General de la Función Pública para cerrar el acuerdo sobre el incremento salarial de los empleados públicos, que finalmente CSIF no ha firmado, a diferencia de CCOO y UGT.

 

"A pesar de la reiterada insistencia de CSIF en que este tema debía ser objeto de negociación en el marco de ese acuerdo y, por tanto, formar parte del paquete de mejoras laborales, la secretaria de Estado de Función Pública eludió nuestra reclamación y no hizo concreción alguna. Si a esa falta de definición le sumamos ahora la respuesta disuasoria que nos acaba de dar la Seguridad Social, parece evidente que el Gobierno no quiere o no se atreve a acometerlo", dice Hontangas.

 

El presidente de Sanidad de CSIF argumenta, además, que esas reticencias no tienen nada que ver con el coste económico de la medida, "porque, de ser así, qué sentido tiene la partida de casi 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, máxime cuando la propia Montero llegó a decir que esperaba que esa inyección fuera suficiente para cubrir la puesta en marcha de la jubilación anticipada y parcial para los profesionales del SNS, si esta finalmente llegaba a materializarse".

 

Hontangas especula con la posibilidad de que las reticencias gubernamentales tengan más que ver con el déficit de plantillas en el ámbito sanitario, sobre todo en determinadas especialidades y categorías profesionales, pero matiza que "la gente no se va a jubilar en masa mañana. El procedimiento es largo y hay tiempo suficiente para asegurar el relevo de quienes se acojan a la medida: hay que iniciar los estudios, ver la viabilidad de la medida, elaborar un régimen especial para el colectivo y modificar la Ley de Seguridad Social para dar cabida a la nueva norma".