Hoy se publica la Ley Ómnibus que modifica las condiciones laborales de bomberos, agentes forestales y sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, quiere denunciar cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a modificar aspectos sustanciales de bomberos, agentes forestales y sanitarios con la publicación que ha tenido lugar hoy de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus.

La presidenta de CSIF Administración General de la Comunidad de Madrid, Elena Moral, intervino en su momento en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos y del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, para avisar de que la aprobación de la Ley Ómnibus iba a vulnerar numerosos derechos de los trabajadores. Además de esta comparecencia en la Asamblea, CSIF presentó diversas enmiendas a esta Ley. Enmiendas a las que el Gobierno regional ha hecho oídos sordos.

También destaca que, precisamente, el PP ha contado con el apoyo de Vox a la hora de sacar adelante esta Ley. No entendemos cómo el Grupo Parlamentario Vox en Madrid pide nuestra comparecencia y finalmente acaba votando a favor.

Ante este atropello, CSIF denunció al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los tribunales y estamos a la espera de sentencia judicial.

CSIF Madrid ya avisó en su día de que la aprobación era un atentado claro en contra de la negociación colectiva y la vulneración del derecho de materias recogidas en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En este artículo aparecen, entre otros puntos, el incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas, criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, los criterios generales sobre ofertas de empleo público o los asuntos relativos al calendario laboral, los horarios o lo permisos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha dignado a llevar a los foros de negociación cuestiones tan importantes como los requisitos de acceso y promoción interna, la creación de nuevas categorías profesionales o el cambio de nomenclatura de otras ya existentes, sin reclasificarlas para ajustarlas a las previsiones legales del artículo 76 del EBEP. Muchas de ellas ya cuentan con sentencias favorables en esa línea.

Otro de los puntos que rechazamos en CSIF Madrid en cuanto conocimos el anteproyecto de la Ley Ómnibus fue el de la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, tal como recoge el artículo 44. El Gobierno regional pretende crear un órgano, sin control parlamentario, para la realización de actividades y contrataciones de personal, recursos y servicios, con fines públicos.

Su financiación dependerá en parte de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y otra parte será financiada con fondos privados. Esta actuación abre las puertas a futuras privatizaciones, liberalizando la gestión de servicios públicos. Además, la creación de esta Agencia no se ajusta a la legalidad vigente.

Además, CSIF Madrid presentó alegaciones, que han sido ignoradas, sobre las modificaciones de la Ley del Fuego que afecta al Cuerpo de Bomberos y la Ley del Cuerpo de Agentes Forestales. Esta Ley Ómnibus va a dejar en papel mojado la reciente firma de acuerdos sobre condiciones de trabajo en ambos cuerpos. De forma torticera modifican lo que no quisieron cambiar en los mencionados acuerdos.

Por todas estas razones creemos que la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid es una ley que va a perjudicar a numerosos trabajadores de la Comunidad de Madrid y, como consecuencia, los ciudadanos van a ser, en definitiva, los más afectados por la aplicación de esta Ley.

CSIF se reafirma en el grave error que ha cometido el Ejecutivo de Ayuso por obviar la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales y la imposición de medidas lesivas a los empleados públicos. En CSIF Madrid, además de estar a la espera de la sentencia tras la denuncia al Gobierno, estudiaremos otras vías alternativas para poner fin a este despropósito que perjudica a miles de trabajadores de nuestra Comunidad.