Bruselas Expedienta a España por no Retribuir el Permiso Parental

Bruselas expedienta a España por no retribuir el permiso parental:

CSIF lo denunció a la Comisión Europea en septiembre de 2023 La retribución debe de ser inmediata para los empleados públicos conforme al Estatuto Básico Madrid, 26 de septiembre de 2024.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, celebra el expediente de la Comisión Europea a España por incumplir la directiva que obliga el pago por las dos últimas semanas del permiso parental.

La apertura de este expediente da la razón a nuestra organización, que el 27 de septiembre de 2023 denunció ante la Comisión Europea la tardía e inadecuada transposición de la citada directiva y la falta de voluntad del Gobierno par adoptar medidas de conciliación efectivas conforme a la directiva europea.

Exigimos al Gobierno que desarrolle esta prestación de manera inmediata. CSIF ya exigió a Función Pública instrucciones claras para promover que la conciliación se retribuya a los/as trabajadores que lo soliciten conforme establece la directiva europea en la que se inspira esta medida.

La Directiva (UE) 2019/1158 fija en su artículo 8 la remuneración del permiso parental: “el Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha remuneración o prestación económica y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental”.

CSIF entiende que esta retribución debe ser inmediata en el caso de los empleados públicos puesto que dicho permiso se engloba en el apartado de permisos con carácter retribuido conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. Por su parte, en el caso de las personas trabajadoras de la empresa privada se deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisen para cumplir esta directiva.

Sin embargo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros evitó de manera expresa el desarrollo de esta prestación y las comunidades autónomas rechazan aplicarla hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario.