CSIF ha pedido por escrito al Síndic de Greuges que “inicie un procedimiento de investigación” ante “la pasividad de la Generalitat en implantar el teletrabajo”. La central sindical recuerda en su denuncia que el 1 de abril de 2021 el Consell aprobó el decreto que regulaba esta modalidad de prestación de servicios y que, desde entonces, “solo una conselleria ha aprobado un programa y aún no está en marcha”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en el documento de queja que el Decreto 49/2021 de 1 de abril del Consell establece que “el personal empleado público podrá prestar servicios en la modalidad de teletrabajo al amparo de un programa o de un plan personal de teletrabajo aprobado”.

CSIF explica que la realidad, un año después y a pesar de las múltiples reuniones mantenidas por el sindicato con las diferentes consellerias, consiste en que “solamente existe un programa de teletrabajo aprobado (el de Conselleria de Economía) y aún no está puesto en marcha”.

El sindicato recalca que esta situación de parálisis para desarrollar el teletrabajo choca contra normativa como el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que “reconoce el derecho de los empleados públicos a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar”. Esta normativa introduce la modalidad del teletrabajo dentro del Capítulo I de “derechos y deberes de los empleados públicos”. También la incluye la Ley de la Función Pública Valenciana.

CSIF recalca que a pesar de tratarse de un derecho consolidado, de las diferentes olas de la pandemia con medidas que instan a mantener la distancia en los puestos de trabajo, y de haber transcurrido un año de la aprobación del decreto, no se está desarrollando en conselleria alguna. En la mayoría de los casos ni han presentado o no ha sido aprobado su programa de teletrabajo.

El sindicato, ante esta situación de “pasividad” por parte de la Generalitat, ha denunciado ante el Síndic de Greuges “la vulneración de los derechos de los empleados públicos al amparo de la Ley 11/1998, de 26 de diciembre”. En este contexto CSIF solicita al Síndic “la iniciación de un procedimiento de investigación”.

REPERCUSIÓN