Miguel Borra, reelegido presidente de CSIF para los próximos cuatro años

Miguel Borra Izquierdo ha sido reelegido este jueves presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado- por los 581 compromisarios que han participado en el X Congreso Nacional de la central, celebrado en Granada.

 

Junto a Borra, Antonio Díaz García ha sido designado vicepresidente nacional y Begoña Montero Medina secretaria general nacional. Asimismo, fueron designadas al frente de las secretarías de área: Francisco Lama Peaguda, Andrés Montero, Milagros Dorronzoro Fábregas, Encarna Abascal Pérez, Pedro Poves Oñate y Eva Fernández Urbón.

 

Miguel Borra Izquierdo nació en Zaragoza en 1968. Es licenciado en Ciencias Económicas, Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza, y Master de gestión de la calidad en las Administraciones Públicas por la UNED. Pertenece al Cuerpo Técnico de la Función Administrativa en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Borra fue elegido por primera vez presidente de CSIF el 30 de noviembre de 2011, en el VII Congreso General Nacional. En su discurso de clausura tras ser reelegido presidente, Borra ha denunciado la parálisis del Gobierno para realizar las reformas que necesitan nuestras administraciones públicas y ha advertido: “Si no se activa pronto la negociación, habrá movilizaciones y el Gobierno tendrá una primavera caliente con otro frente abierto con todos los empleados públicos en las calles”.

 

Retraso injustificado de las negociaciones

 

El presidente de CSIF ha criticado que el Gobierno se escude en la inestabilidad parlamentaria, la situación política, la prioridad dada a la Ley de Amnistía, o las causas judiciales, que está causando un retraso injustificado para iniciar la negociación. De entrada, los empleados públicos siguen sin recibir la subida salarial correspondiente a 2024 (el ministro anunció el martes su aplicación, tras las presiones de CSIF) y en la Administración General del Estado, ni siquiera se ha recibido el 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2023.

Pero es que, además, España tiene pendiente reformas en nuestras administraciones relacionadas con las políticas de empleo, la gestión de recursos humanos o el acceso a los altos cargos, que condicionan el desembolso de los fondos previstos en el Mecanismo de Recuperación de la UE.

Estos fondos también están ligados a la reducción de la temporalidad, aspecto que nos preocupa tras la reciente sentencia del TJUE y que a 31 de diciembre no puede superar el 8 por ciento (la temporalidad sigue estancada en el 30 por ciento, según el INE).

 

España necesita con urgencia unos Presupuestos

En este contexto, Borra ha subrayado que “España necesita ya unos Presupuestos Generales del Estado que alivien a los ciudadanos y permitan la realización de las reformas estructurales que necesitan con urgencias las administraciones públicas para seguir recibiendo fondos de la UE”.

Estas son las prioridades de CSIF para los próximos 4 años:

• Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
• Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario Eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.
• Implantación de la jornada de 35 horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la reclamamos igualmente para el sector privado.
• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
• Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como manifestó recientemente el ministro de Función Pública.
• Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.
• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).
• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
• Resolución definitiva al conflicto en la Administración de Justicia, con un acuerdo que reconozca la labor que desarrollan los Cuerpos Generales y Especiales en los términos que el alcanzado con Jueces, Fiscales y Letrados.
• Regulación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.
• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.
• Reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presentes en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa entre el 3 y el 5 por ciento. Así se eliminaría el monopolio de los sindicatos de clase, respondiendo a la necesidad de trasladar al campo sindical el pluralismo democrático de la sociedad española.
• Reforzar nuestra apuesta para multiplicar la presencia de CSIF en el sector privado, tanto en afiliación como en número de delegados. Hemos pasado de 14.000 afiliados en 2016 a cerca de 26.000 en lo que va de año, y en los últimos 15 años hemos más que cuadruplicado nuestra representación en las empresas, pasando de apenas un millar a cerca de 5.000 delegados.