CSIF reclama que el nuevo Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS se convierta en un instrumento útil y operativo contra estos ataques

         CSIF reclama que el nuevo Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz ofrezca información concreta de la gestión de los centros sanitarios en el momento que se produce la agresión al trabajador o trabajadora. 

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, considera muy positiva la creación de esta nueva entidad presentada el pasado lunes por parte de la Consejería de Salud y Consumo y con la que se responde a una petición de la central sindical, pero reclama que “debe convertirse en un instrumento útil para acabar con la lacra social que sufre nuestra sanidad pública y no en un mero mecanismo para la recopilación de datos y estadísticas que no se traduzca en medidas correctoras”.

Maestre explica que los únicos datos que hasta el momento se conocen públicamente de las agresiones a profesionales del SAS proceden de los balances del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales. Estas evaluaciones de las que informa periódicamente la Administración no contienen datos sobre el porcentaje de plantilla efectiva, cobertura de bajas laborales y permisos reglamentarios, de las cargas de trabajo de los profesionales y de la demanda asistencial del centro en el momento de la agresión.

A juicio de la representante sindical, “es imprescindible disponer de estos detalles sobre la gestión del centro cuando se produce la agresión al trabajador para poder evaluar estas variables, para en consecuencia, poder añadir otras medidas correctoras al respecto”.

La central sindical considera que “nada justifica el uso de ninguna violencia hacia el personal de la sanidad pública”, por lo que califica de “lamentables” las 16 agresiones (cuatro de ellas de carácter físico) a profesionales del SAS registradas en Córdoba en el tercer trimestre de 2023 (hasta el pasado 20 de septiembre), una cifra realmente preocupante.

Además, “lamentablemente muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y por ello no se reflejan en la estadística”, explica Maestre, quien detalla que “esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más, en el día a día de su trabajo”.

CSIF Sanidad Córdoba reitera a la Consejería su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato y que “seguimos esperando de la Administración sin que hasta el momento tengamos conocimiento del estado en el que se encuentra”.

La central sindical entiende que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que para el sistema estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.

La seguridad de los profesionales, a juicio del sindicato, no debe de estar supeditada a que los centros cuenten con mayor o menor presupuesto económico, para ello, esta partida presupuestaría debe estar centralizada, evitando desigualdades entre centros y velando por la equidad en el recurso.