CSIF consigue el reconocimiento oficial de la deuda del 2% de 2020 y que su abono sea una realidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha conseguido, tras años de negociación y reivindicaciones en la calle, que la deuda del 2% del año 2020 con los empleados públicos de la Junta sea una realidad y reclama a la Administración regional que recapacite en su propuesta de pagarla en cinco años para que sea abonada cuanto antes.

Para el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, “es una gran noticia que por fin los empleados públicos vayan a tener lo que es suyo”, una vez que la Junta de Extremadura reconociera en su momento esa deuda y se haya acordado su pago este viernes en Mesa General de Negociación.

Sin embargo, la organización sindical no está de acuerdo en los plazos que la Junta ha planteado, por lo que reclama que “recapacite esa propuesta y podamos volvernos a sentarnos para que los empleados públicos tengan lo que es suyo cuanto antes y no en cinco años”, ha apostillado Benito Román.

SUBIDA ANUAL DEL GOBIERNO

Por otra parte, CSIF ha mostrado su desacuerdo con la subida salarial del 2% que la Junta contempla para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025, porque esa cifra supone seguir perdiendo poder adquisitivo. En este sentido, Benito Román ha precisado que es un 2% simulado porque el Gobierno de España no se ha sentado aún con las organizaciones sindicales para establecer cuál va a ser realmente la subida salarial que tendrán los empleados públicos en 2025.

Desde CSIF, “exigimos al Gobierno de España que se siente a negociar cuanto antes un nuevo acuerdo de subida salarial para los empleados públicos con el que estos no sigan perdiendo poder adquisitivo”, ha reclamado Román, quien destaca que con el actual acuerdo trianual que firmó el Ejecutivo central con los sindicatos los trabajadores públicos han perdido un 5,8% de poder adquisitivo en los últimos dos años.   

Por otro lado, desde CSIF ha reclamado también a la Junta que acelere el desarrollo de la Ley de Función Pública porque los empleados públicos están esperando cuestiones importantes como la creación del grupo B, promociones internas sólo por concurso, desarrollo de la carrera profesional de los docentes, mejora del acuerdo del teletrabajo o el abono cuanto antes de los desplazamientos por razones de servicio a 0,26 euros por kilómetro.