CSIF exige prohibir por ley los despidos de docentes en verano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas lamenta los 51.722 empleos destruidos en la Educación registrados durante el mes de junio, tal y como reflejan las últimas cifras de la Seguridad Social.

Gran parte de estos empleos que se destruyen en verano corresponden a personal interino al que se le da de baja para posteriormente volverles a contratar en el mes de septiembre.

CSIF censura esta práctica y exige retomar el acuerdo firmado en 1990, por el que se mantenía tanto el salario como la antigüedad a este personal. Los recortes de 2012 derogaron este acuerdo y todavía no se ha recuperado.

Y es que estas personas se ven doblemente perjudicadas, en primer lugar, por la precariedad en el empleo y la pérdida de retribuciones durante los meses de verano, y en segundo lugar porque estos meses estivales no se les contabilizan en la antigüedad en el cuerpo de cara a futuros procesos selectivos, de movilidad, reconocimiento de trienios y sexenios, entre otros. Esta es una de las cuestiones que deberían incluirse en el Estatuto Docente que de manera reiterada reclama CSIF a gobiernos de uno y otro signo político. 

En este sentido, CSIF ha presentado a los partidos políticos un decálogo de actuaciones de cara a las elecciones generales para paliar los problemas que afectan al sistema educativo: la falta de inversión, las necesidades educativas de nuestros alumnos, el déficit en las plantillas o los problemas de convivencia en las aulas, entre otros.

CSIF pide a los partidos políticos que tengan presente a la educación durante la campaña electoral y hagan propuestas que permitan afrontar los problemas reales que afectan a alumnos y profesorado, como el deterioro de las condiciones en el empleo y la interinidad.

Sobre este último punto, CSIF advierte de que las plazas de las oposiciones convocadas este año permitirán estabilizar a unas 66.000 personas y aun así la tasa de interinidad se estanca en el 21,53%, muy lejos del 8% que marca la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De no cumplir esta disposición en diciembre de 2024, España se enfrentará previsiblemente a sanciones por parte de las autoridades europeas.