¡Con la salud de los funcionarios no se juega!

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a salir a la calle en defensa del modelo de mutualismo administrativo, con concentraciones en todas las subdelegaciones del Gobierno en España. Estas movilizaciones buscan garantizar la continuidad y el fortalecimiento de MUFACE, exigiendo transparencia y compromiso por parte del Ejecutivo.

Tras la presión ejercida por CSIF, que incluyó la convocatoria de huelga para el 13 de febrero, el Gobierno adelantó su propuesta y el pasado 7 de febrero publicó la tercera licitación del concierto sanitario con un incremento del 40% en la financiación. La licitación finalizará el 4 de marzo, y a la espera de este desenlace, CSIF ha decidido aplazar la huelga. Sin embargo, el sindicato advierte que esta decisión no supone un cheque en blanco y continuará vigilante para garantizar una solución definitiva.

En Coruña, la concentración estuvo presidida por el presidente autonómico de CSIF, José Francisco Méndez Castro y durante el transcurso de la misma recordaron que en Galicia hay algo más de 100.000 personas afectadas, entre funcionarios y sus familias; más de 43.000 en la provincia. Concluyeron el acto con la lectura de un manifiesto bajo el lema: "Con la salud de nuestros funcionarios no se juega. Si sumamos esfuerzos, multiplicamos resultados".

CSIF recuerda que sin su actuación, esta mejora en la financiación no habría sido posible. A lo largo de los últimos meses, ha denunciado la precarización del sistema, alertado del riesgo de colapso sanitario y exigido medidas urgentes. Desde octubre de 2024, el sindicato advirtió que la primera licitación del concierto sanitario era insuficiente, lo que llevó a que quedara desierta en noviembre. Posteriormente, la segunda licitación fue retirada ante el riesgo de que también quedara sin adjudicar, lo que generó una incertidumbre sin precedentes en la asistencia sanitaria de los mutualistas.

Ante la falta de soluciones, CSIF convocó el 14 de diciembre una manifestación en la sede de MUFACE, que reunió a más de 50.000 personas, exigiendo medidas concretas para evitar el deterioro del modelo. Además, el sindicato llevó la crisis a instancias como el Congreso de los Diputados, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo, e impulsó un servicio de reclamaciones para mutualistas afectados.

El sindicato también denunció ante la Fiscalía General los incumplimientos de las aseguradoras en la prestación del servicio. La presión ejercida, junto con la amenaza de huelga en el sector público afectado, obligó al Gobierno a reaccionar y publicar una tercera licitación con una financiación mejorada.

A pesar de este avance, CSIF recalca que su lucha no termina aquí. "Seguiremos exigiendo y denunciando cualquier intento de recortar derechos y deteriorar la atención sanitaria de los funcionarios", señala el sindicato, que mantendrá la vigilancia hasta conocer el resultado de la licitación el 4 de marzo.

CSIF reitera que su única motivación es la defensa de los mutualistas y sus derechos, y advierte que no permitirá que las condiciones laborales de los empleados públicos sean definidas como privilegios ni utilizadas como moneda de cambio en debates políticos. Con este compromiso, continuará exigiendo al Gobierno total transparencia y la publicación del informe de la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, así como los cálculos de rentabilidad de las aseguradoras.