CSIF Granada declina un año más la participación en los actos de prisiones por el Día de La Merced

Los delegados y representantes de ACAIP-UGT y CSIF han querido mostrar su hartazgo ante la situación que se vive en las prisiones españolas con motivo de los actos institucionales celebrados en este viernes en torno a la Merced, patrona de Prisiones. Bajo el lema “hartos de promesas incumplidas”, ambos sindicatos han mostrado su descontento con la situación actual, en el caso de Granada, en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos y en el centro penitenciario de Albolote, una de las cárceles más masificadas del país, y recuerdan las principales reivindicaciones del sector, como mejoras retributivas, la carrera profesional o el aumento de las plantillas.

Ambas organizaciones mantienen un conflicto laboral con la administración penitenciaria desde el año pasado, después de más de cinco años de protestas sin que, desde instituciones penitenciarias se hayan hecho eco de las mismas.

Recuerdan las palabras del ministro Marlaska durante el primer acto de esta festividad que presidió en 2018 en el que se comprometía “a atender las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios como prioridad de su gobierno”, sin embargo, cuatro años después, la situación lejos de mejorar ha empeorado.

Ambos sindicatos afirman que “la administración penitenciaria falta al respeto a sus trabajadores de manera continuada, lo que genera hastío, hartazgo y una absoluta desconexión con nuestra propia institución”.

ACAIP-UGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en prisiones, han querido hacer llegar a la sociedad el desprecio al que se sienten sometidos por los gestores penitenciarios, que prometen años tras años unas mejoras que nunca llegan y siempre tienen una excusa para incumplir lo comprometido. Ante los medios de comunicación dicen una cosa y ante sus trabajadores hacen todo lo contrario.

Estas organizaciones sindicales exigen una negociación real que mejore las condiciones laborales y reconozca el esfuerzo que hacen los empleados públicos penitenciarios con la subida salarial prometida, una formación adecuada, la consideración de agentes de autoridad y el resto de compromisos que la administración tiene paralizados.