Funcionarios de prisiones lamentan el “nefasto” balance de agresiones de 2021 y reclaman el reconocimiento del colectivo como figura de autoridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha lamentado el “nefasto” balance del año en la cárcel de Albolote, que ha vuelto a ser el escenario de numerosos episodios de violencia contra los funcionarios que allí trabajan. El delegado de CSIF Granada de Instituciones Penitenciarias, José Antonio Molina, recuerda entre otros incidentes los ocurridos en la enfermería de la prisión durante el mes de febrero, con dos funcionarios heridos por un interno, y en el mes de junio, cuando un preso intentó agredir a una enfermera del centro. Durante el resto del año, ha habido otros episodios en enero y julio, con un total de ocho funcionarios afectados en total, y en el mes de septiembre, con dos nuevas agresiones.

Molina considera que esta sucesión de hechos y la desprotección a la que diariamente se enfrentan los trabajadores son “dos realidades inadmisibles” y su solución pasa por paliar el déficit de funcionarios que padece la prisión de Albolote, que es la más castigada de toda la comunidad andaluza en cuanto a falta de personal, con 86 vacantes sin cubrir en las relaciones de puestos de trabajo, lo que supone el 17,3 % de la plantilla total, y en donde hay un funcionario por cada 100 internos. Por su parte, el centro de inserción social (CIS) Matilde Cantos de la capital registra un déficit de 13 efectivos, lo que refleja que, también en este centro, un 18,8 % de las plazas de funcionario están sin cubrir.  

Al respecto, el sindicato denunciaba al cierre del año la “peligrosa práctica” que se está llevando a cabo desde la Administración Penitenciaria en la cárcel de Albolote, donde la falta de personal “obliga al incumplimiento de la normativa penitenciaria de forma sistemática ante al silencio de la dirección del centro y el esfuerzo de la plantilla, que debe triplicar su trabajo para evitar incidentes y desarrollar con normalidad todas las actividades que se realizan a diario en una de las prisiones más masificadas de España”.

Esta situación se ve agravada por el envejecimiento del personal, con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios “en una clara desigualdad física” cuando deben reducir a un preso. “Este déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en las prisiones y los centros de inserción social. Confiamos en que haya avances a lo largo de 2022”, desea el delegado sindical de CSIF.

Entre otras medidas fundamentales, Molina subraya que el Ministerio del Interior, la dirección del centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tengan “tolerancia cero” hacia las agresiones físicas y verbales y “deje de criminalizar a los trabajadores” cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un preso. En este  sentido, también lamenta la falta de noticias sobre la Ley de Cuerpos Penitenciarios que se comprometió a aprobar el Gobierno y que otorgará la categoría de agente de autoridad a este colectivo de funcionarios, con lo que cualquier acto contra ellos sería considerado delito, y reclama el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, otro compromiso que “todavía no se ha llevado a la práctica”, así como la mejora de elementos protectores o la introducción de las armas táser.

CSIF reclama medios coercitivos acordes con el siglo XXI ya que las estadísticas demuestran que el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas están obsoletos en muchos casos. Además, el catálogo de sanciones data de hace más de 37 años y propone el establecimiento de nuevas y más duras infracciones disciplinarias como factor disuasorio de conductas violentas.