Seguimiento superior al 90% de la huelga de los funcionarios de Justicia en Granada por una subida salarial digna

Los 9.000 funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia llamados este jueves en Andalucía, un millar en la provincia de Granada, a una huelga de 24 horas en defensa de una subida salarial digna acorde con las funciones que desempeñan han respondido masivamente a esta convocatoria de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que ha sido secundada por más del 90% de estos profesionales, lo que ha provocado que sólo uno de cada diez juicios previstos en la comunidad andaluza pudiera celebrarse en cumplimiento de los servicios mínimos, según datos del sindicato.

La responsable del Sector de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha participado en la concentración convocada hoy a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada coincidiendo con la jornada de paro total de este jueves en todo el país, a la que seguirán huelgas de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Este calendario responde a un endurecimiento de las protestas de las organizaciones sindicales debido a la falta de propuesta económica por parte del Ministerio.

La responsable sindical ha denunciado que “los funcionarios de Justicia estamos hartos de desempeñar funciones para que los juzgados puedan funcionar sin que se nos reconozcan ni retribuyan de ningún modo” y ha subrayado que los gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses “constituyen el 93% de todo el personal que hace posible que la justicia funcione”, por lo que ha acusado al departamento que dirige Pilar Llop de “ningunear” a estos profesionales y de tratarlos como “funcionarios de segunda”.

“Si nos limitáramos a realizar las funciones reconocidas por la ley, los juzgados no funcionarían y nunca hubiesen funcionado”, ha añadido, al tiempo que ha recordado que “el debate sobre la actualización y reconocimiento de las distintas funciones en los juzgados no es nuevo, sino que se trata de una reivindicación histórica del colectivo”.

En concreto, los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, de entre 350 y 430 euros aproximadamente, que se llevaría a cabo a través del concepto de ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

El sindicato ha lamentado las consecuencias que estas protestas tienen para la ciudadanía que se ve afectada, si bien ha subrayado que “el único responsable es el Ministerio y su falta de sensibilidad para con los funcionarios de la Administración de Justicia”.