Empleados públicos, convocados por CSIF, salen a la calle para que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público

Empleadas y empleados públicos se han concentrado hoy en la capital granadina, al igual que en el resto de provincias andaluzas, para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros). Las movilizaciones convocadas por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, han tenido lugar frente a las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas, al mismo tiempo que se celebraban concentraciones simultáneas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones en el resto del país.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha participado en la protesta convocada en Granada, ha criticado que "desde que se constituyó el Gobierno en noviembre de 2023 no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar mejoras laborales". Es por ello que considera “urgente” la necesidad de que el Gobierno se siente a negociar un nuevo acuerdo de subida salarial ya que el actual, que caduca a final de año, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde que el Gobierno, CCOO y UGT lo firmasen en 2022; asimismo, CSIF ha reivindicado una oferta de empleo público sin tasa de reposición, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que, mediante acuerdo de 16 de mayo de 2016, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las empleadas y empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes, que siguen en vigor desde 2010, suponen que las empleadas y los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Otras reivindicaciones

La Central Sindical ha querido significar, que, según un reciente estudio elaborado por la organización sindical, las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamiento por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades que padece el personal funcionario (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesaria una dotación de fondos adicionales que CSIF fija en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2017, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

Además de la negociación de mejoras retributivas, la asignación de fondos adicionales para la equiparación entre administraciones y la negociación de una nueva oferta de empleo, CSIF ha reclamado al Gobierno otras medidas como la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

CSIF también ha reivindicado mejoras en las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios, así como la adecuación de los grupos profesionales y la actualización del TREBEP para reforzar su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos.

Del mismo modo, CSIF ha reclamado una solución a la crisis que vive actualmente el mutualismo administrativo y ha exigido al Gobierno que acabe con la incertidumbre a la que se enfrenta un millón y medio de personas entre funcionarios mutualistas y familiares de toda España (casi 350.000 personas en Andalucía) debido a la falta de acuerdo en torno a MUFACE. La Central Sindical, que congregó a decenas de miles de personas en Madrid el pasado sábado para alzar la voz contra la situación actual, ha exigido una financiación adecuada para el mutualismo administrativo que permita la continuidad del mismo y ofrezca una prestación asistencial adecuada.

Por último, la Central Sindical ha advertido al Gobierno de que, si no reacciona, las protestas irán a más, con paros parciales o incluso una huelga en las administraciones.