CSIF sale a la calle para exigir al Gobierno reanudar negociaciones para una subida salarial y la oferta de empleo público

Miles de empleados públicos se han concentrado hoy en toda España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a las/os empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

En Huelva, la concentración ha tenido lugar frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se han reunido 200 empleados públicos. Durante el acto, el presidente de la Unión Provincial de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, ha atendido a los medios y ha destacado: “Los empleados públicos llevamos demasiado tiempo soportando una pérdida de poder adquisitivo y desigualdades retributivas inadmisibles. Es hora de que el Gobierno escuche nuestras reivindicaciones y actúe de forma responsable”.

Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones. Por ello, CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024 ha acordado su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Otras reivindicaciones 

Según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

CSIF entiende que se deben abordar sin más demora, entre otros, los siguientes temas pendientes de aquí a final de año:

 

• Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.

• Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

• Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.

• Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.

• Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

• Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.

• Adecuación de los Grupos Profesionales.

• La actualización del TREBEP reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las/los empleados públicos.