CSIF demanda una contundente aplicación de las normas y una mejor clasificación de internos en la cárcel de Huelva

La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y de Función Pública, demanda mayor contundencia en la aplicación de las normas a raíz de la agresión a varios funcionarios el pasado sábado por parte de internos de la cárcel onubense.

Ante la gravedad de los hechos, CSIF también exige una correcta clasificación interior de los presos. “Se debe evitar que internos con un largo historial de sanciones permanezcan en departamentos de régimen ordinario, ya que afecta a la convivencia con el resto de internos y funcionarios”, solicita CSIF.

El sindicato mayoritario de las administraciones públicas, por otra parte, destaca el gran trabajo llevado a cabo por los funcionarios implicados en el incidente para la rápida resolución del mismo. “CSIF desea la pronta recuperación de los funcionarios agredidos, que presentan heridas de diversa consideración”, apuntan fuentes de la sección sindical del centro.

El ataque se produjo después de un cacheo a un interno sobre el cual existían sospechas de que pudiese portar sustancias u objetos prohibidos. Este preso amenazó de muerte a los funcionarios y los agredió propinándoles puñetazos y patadas. Posteriormente, alentó a otros internos para que le secundaran en la revuelta, siendo necesario proceder a su aislamiento. Algunos de ellos amenazaron a los funcionarios con acabar con sus vidas. “Sacar los pinchos, que vamos a acabar con estos hijos de puta”, se llegó a escuchar mientras intentaban abrir las puertas para acceder a la zona en que se encontraban los funcionarios, quienes realizan su labor cada día con menos garantías.

Tras proceder a su identificación, fueron aislados para evitar que el suceso fuese a más dado el estado de alteración en que se encontraban.

CSIF IIPP Huelva reitera su reivindicación para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, se actualicen los medios coercitivos con la dotación de pistolas ‘táser’ y que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrezca una formación adecuada y continua para poder abordar estas situaciones con menos riesgos y más seguridad. En este sentido, CSIF insiste en la urgencia de modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, iniciativa planteada en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre.

El último caso de agresión en la presión de La Ribera vuelve a evidenciar las precarias condiciones laborales con las que convive el colectivo penitenciario, que debe desempeñar su labor en un entorno hostil y de riesgo permanente, con recursos limitados y una presión creciente.