CSIF critica que el Salud quiere recortar aún más el servicio del transporte sanitario urgente, con diez ambulancias menos
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28 de enero de 2022
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Zaragoza. (28/01/2022).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que el Salud quiera recortar aún más el servicio de transporte sanitario urgente, que ya tiene graves carencias materiales y de personal. El Gobierno de Aragón quiere reducir el número de ambulancias en la próxima licitación del servicio y sigue sin resolver el conflicto laboral de los trabajadores, que llevan casi diez meses en huelga y tres años sin convenio.
El Salud ha publicado recientemente el anuncio de licitación para el “Servicio de transporte sanitario terrestre para el traslado urgente de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón”, en la Plataforma de Contratación del Sector Público (paso previo a la publicación en el BOA de los pliegos del contrato del transporte sanitario urgente), por un presupuesto de 92 millones de euros para los próximos cuatro años. En el anexo del anuncio figura el listado de 75 vehículos, frente a los 85 que hay ahora.
“La oferta económica es insuficiente y el número de vehículos claramente escaso para poder prestar el servicio con calidad. Se mantiene el sistema de trabajo de ambulancias localizadas en vez de presenciales. Eso supone un retraso de 15 minutos para atender las urgencias. Con el nuevo contrato va a aumentar la precariedad del colectivo y va a empeorar el servicio”, denuncia José Luis Martínez, responsable de Transporte sanitario urgente de CSIF Aragón.
Los comités provinciales del transporte sanitario registraron el pasado 14 de enero una denuncia ante la Fiscalía solicitando medidas contra la contrata (Acciona y Ambunova) por la suspensión de servicios en los últimos meses. Los sindicatos hemos denunciado en numerosas ocasiones que hay ambulancias paradas y se han dejado de prestar servicios.
El transporte sanitario urgente está externalizado en Aragón. Desde CSIF reclamamos al Salud un modelo de gestión pública, que beneficiará directamente a los ciudadanos y a los trabajadores, como ya tienen otras comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja).
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