La ley de Universidades cumple un año sin la financiación necesaria para mejorar las plantillas: promoción, renovación y estabilización del personal

Cuando hace un año se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), alertamos desde CSIF que no iba a resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además, resultaba de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectaría negativamente al funcionamiento de las universidades ya que generaría incertidumbre e inestabilidad a las plantillas docentes e investigadoras.

 

Los hechos nos están dando la razón y no termina de arrancar una LOSU realizada sin negociación y sin consenso. Tal y como advertimos, ya se están alargando los plazos fijados en la LOSU y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va a permitir retrasar un año la aprobación de los nuevos Estatutos de las universidades y la elección de nuevos Claustros y Consejos de Gobierno. Por su parte, los gobiernos regionales aceleran la redacción de leyes autonómicas de universidades para poner coto a la LOSU.

 

La falta de financiación para aplicar y desarrollar la LOSU es uno de los problemas fundamentales y alcanza su gráfico exponente en el actual conflicto entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas sobre quién pone los recursos para la contratación de los nuevos 4.200  Profesores Ayudantes Doctor que son necesarios ante la reducción de la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores, recogidas en la LOSU.

 

Para CSIF estas contrataciones de Ayudante Doctor, aunque en número claramente insuficiente, ayudarían a renovar plantillas envejecidas y a estabilizar a docentes en situación precaria e inestable. No obstante, si no se pueden hacer esas contrataciones ahora, tal vez se deberían buscar soluciones alternativas que, además, ayudarían a paliar otros efectos adversos de la LOSU. ¿Qué sentido tiene prescindir de Profesores  Visitantes y Asociados que no podemos reemplazar?

 

A CSIF le preocupa especialmente que la LOSU cronifique la precariedad y la temporalidad del Personal Docente e Investigador. La escasa financiación y la tasa de reposición complican la estabilización (difícil alcanzar una tasa de interinidad del 8% partiendo del actual 49% de temporalidad en las universidades públicas) y la necesaria renovación de las plantillas (el 52% tiene más de 55 años y el 20% se jubilará en los próximos años).

 

El Gobierno ha echado por tierra la medida estrella del Ministerio de Universidades para luchar contra la precariedad con la enmienda presentada para que, bajo el eufemismo de “flexibilizar la implantación de la LOSU”, se vaya a permitir a las universidades retrasar 3,5 años la promoción y la estabilización a través de contratos indefinidos de los Profesores Asociados. Para CSIF , esta medida limitará la mejora de la calidad de la plantilla, mantendrá altas tasas de temporalidad en el PDI y no cumpliremos con Europa ni llegaremos nunca al 8% máximo de contrataciones temporales.

 

Otra muestra de la improvisación y la falta de rigor de la LOSU son los problemas generados en numerosas universidades con la compatibilidad y la jornada de la nueva figura de Profesores Sustitutos que amenaza con convertirse en una nueva bolsa de precariedad. La LOSU también ha puesto en un brete la renovación de los contratos de cientos de Profesores Visitantes que llevan mucho tiempo trabajando de forma ininterrumpida en algunas universidades públicas. Tampoco es razonable y generará recursos en los Tribunales el hecho provocado por la LOSU de que dentro de la misma figura de Profesor Ayudante Doctor vaya a convivir PDI con distintos regímenes de dedicación (240 o 180 horas docentes).

Por último, la no presentación del Estatuto del Personal Docente e Investigador se mostró como el primer gran incumplimiento del Gobierno con respecto a la LOSU. CSIF recuerda que su Disposición final décima establece que “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario”.

Ya se ha incumplido también el calendario propuesto a primeros de año por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la negociación de un Estatuto del PDI que afectará a más de 110.00 profesores e investigadores de universidades públicas y debe configurarse como un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia. También debe regular temas como el régimen del PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, sus procesos de selección, etc.