Las administraciones crean 96.400 empleos el último año, pero el 67 por ciento son temporales
- Prensa y Comunicación
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27 de enero de 2022
- Encuesta de Población Activa 4T 2021
- CSIF denuncia que la temporalidad en las adm. se sitúa ya en el 30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima del sector privado
- Reclamamos el desarrollo urgente de la Ley para reducir la temporalidad y agilizar las convocatorias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que las administraciones públicas crearon 96.400 empleos a lo largo de 2021, si bien el 67 por ciento de los mismos son de carácter temporal, según ponen de manifiesto los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.
El análisis de CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, muestra que en el último año se realizaron 64.700 contratos temporales fundamentalmente en las comunidades autónomas de las que dependen ámbitos como la educación o la sanidad.
De esta manera, en la actualidad hay 1.076.299 trabajadores/as de nuestras administraciones en situación de temporalidad, lo que supone una tasa del 30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima del sector privado. Además, se da la circunstancia de que el 70 por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid.
Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal. No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica.
Por este motivo, desde CSIF reclamamos el desarrollo de la Ley 20/2021 para estabilizar el empleo en todas las administraciones y de manera específica en la Educación y la Sanidad, sectores que requieren una adaptación específica a su legislación. Estos procesos deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los aspirantes. Es necesario, además, agilizar las convocatorias para que proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8 %.
CSIF también ha manifestado su preocupación porque las comunidades autónomas están convocando pocesos selectivos en Sanidad y Educación sin esperar el desarrollo de la Ley, por lo que no se aplciarán los nuevos criterios de estabilización.