Exteriores despide a un delegado de CSIF enfermo de cáncer en la Embajada Española ante la Santa Sede
11 de octubre de 2023
-La Guardia Civil impidió que volviera tras su baja a su puesto de trabajo en la embajada que dirige la ex ministra Isabel Celáa. A los pocos días se le notificó su despido
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha despedido a un delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) enfermo de cáncer que trabajaba en la Embajada Española ante la Santa Sede, dirigida por la ex ministra Isabel Celáa. La Guardia Civil le impidió previamente reincorporarse a su puesto de trabajo, tras finalizar su baja, por orden expresa de los responsables de la representación española sin argumentarle en ese momento ninguna razón justificable.
El trabajador despedido -representante de CSIF en el Comité Único PLEX ante el Ministerio de Exteriores-, es de nacionalidad italiana y trabajaba como ordenanza, prestando asistencia entre el sector administrativo y la dirección. Con más de 20 años de servicio al Estado español y una conducta intachable, el Ministerio de Exteriores no solo le dejó cerca de tres meses sin abonar su nómina, sino que despidió a una persona que padeció una grave enfermedad y cuyo salario en la Embajada era el único ingreso en una unidad familiar de cinco personas, una de ellas con un grado de invalidez cognitiva del 75 por ciento.
Todo comenzó el pasado 4 de agosto, cuando el trabajador despedido finalizó su baja por enfermedad. Ese mismo día notificó a la Embajada y al Ministerio que se reincorporaría a su puesto de trabajo el lunes 7 de agosto, pero ese mismo día la Guardia Civil le prohibió acceder al interior del edificio. CSIF, teniendo conocimiento de este hecho, se puso inmediatamente en contacto con el canciller de la embajada para pedirle explicaciones, y la respuesta recibida fue que se había iniciado un procedimiento de despido a través de un bufete de abogados italiano.
Tras reclamar las aclaraciones oficiales pertinentes, el trabajador despedido fue convocado para 20 días después para informarle de los detalles, pero dicha reunión fue suspendida pocos días antes de producirse al impedirle acudir acompañado de sus asesores legales, tal y como solicitó. Pasó cerca de un mes hasta que, tras una nueva petición de CSIF, la subdirectora adjunta de Personal nos comunicó que el canciller estaba esperando por parte del interesado una certificación que acreditara que su enfermedad es de larga duración.
Es importante destacar que el trabajador no había superado el período de baja máximo establecido por la legislación italiana para que el despido fuera procedente, hecho que defienden los responsables de la Embajada para justificar su despido. La legislación española prevé un periodo de enfermedad del trabajador de 365 días, prorrogables por otros 180, pero sin que implique la rescisión de contrato. El empleado no recibió la carta de despido hasta el 21 de septiembre. Durante ese tiempo, fue privado de su sueldo los meses de julio, agosto y los días de septiembre hasta su notificación.
La Embajada ya intentó sin éxito sancionarle anteriormente en dos ocasiones. En una de ellas, por una lesión justificada con informe médico que le impedía abrir una puerta muy pesada de la Embajada; en otra ocasión intentaron responsabilizarle por no atender a las llamadas de un teléfono cuyo cable se había roto, y que el propio trabajador había notificado en varias ocasiones para que procedieran a su mantenimiento.
CSIF colabora con el prestigioso despacho italiano de los abogados Romolo Reboa y Roberta Verginelli en la demanda presentada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitando la readmisión a su puesto de trabajo y que le abonen las retribuciones de los meses que no recibió su sueldo. La prohibición a un representante sindical a incorporarse a su puesto de trabajo atenta directamente contra la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
CSIF seguirá defendiendo a nuestro delegado y colaborando activamente en la demanda del trabajador. Asimismo, el trabajador ha enviado un escrito a la Cámara de los Diputados en Italia, dirigido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunciando el hecho.