CSIF convoca una concentración frente al Ministerio de Justicia el próximo 30 de noviembre a las 12.00 horas

• Tras el golpe que supone el  acuerdo pésimo firmado por dos sindicatos y función pública que condena a los empleados/As públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, en la Administración de Justicia se prepara otro tipo de hachazo a los derechos de los funcionarios y funcionarias de Justicia.

 

• CSIF lo venía advirtiendo desde hace semanas: si no hay negociación habrá conflicto y como no hay negociación ni de la LEO ni del Registro Civil, ni de la promoción interna ni de la carrera profesional…habrá conflicto que empieza con esta concentración de delegados frente a la sede del Ministerio de Justicia.

 

• La reunión “informativa” del día 7 de noviembre sirvió para constatar la nula voluntad del Ministerio de establecer una negociación real y efectiva con un calendario cierto sobre el modelo y la implantación de la ley de eficiencia organizativa al igual de lo que sucede con el Registro civil.  

Tras una exposición rápida sobre un power point los representantes del Ministerio dejaron claro que la negociación se abrirá cuando esté todo hecho y el modelo esté aprobado en la ley de eficiencia organizativa, hoy en tramitación en el Congreso y cuando ya se haya pactado el mismo con las CCAA.

 

Una de las enmiendas presentadas a petición del Ministerio contiene una amenaza directa a la negociación colectiva ya que si en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley no hay negociadas relaciones de puestos de trabajo (rpt) se procederá a la conversión automática de los puestos de los Juzgados y Tribunales, Fiscalías y demás servicios de Justicia en unas relaciones de puestos de trabajo que ya han sido acordadas entre el Ministerio y las CCAA en la conferencia sectorial, para que sea como sea, los Tribunales de Instancia puedan entrar en funcionamiento (que es ese el objetivo único)

 

Es decir, para el Ministerio no hay problema alguno en aplicar unas relaciones de puestos de trabajo de forma automática sin haber iniciado si quiera la negociación de su contenido teniendo en cuenta que en una rpt aparecen señaladas las condiciones de trabajo del puesto tales como los complementos retributivos, el centro de destino al que se está adscrito, el número de puestos singularizados (con un complemento específico superior), la jornada y horarios, la distribución de plazas por servicios comunes y UTRAM, las funciones y tareas de cada uno de estos servicios y de cada puesto, la forma de provisión y las opciones de elegir diferentes destinos en un concurso etc ...  

 

Todos estos conceptos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados en la Conferencia sectorial (Ministerio-CCAA) y la puesta en marcha de la oficina sólo requerirá una mera resolución sobre lo ya acordado previamente.

 

Por no hablar de la privatización que se está impulsando desde el Ministerio de la ejecución en favor de los Procuradores y con la introducción de la mediación obligatoria.

 

A pesar de que en la reunión los representantes del Ministerio no quisieron reconocerlo, según hemos podido saber, en esta Conferencia sectorial se han elaborado los modelos de referencia de las oficinas (UTRAM y servicios comunes) los Tribunales de Instancia, de las Oficinas de justicia en el Municipio y ya se están negociando entre el Ministerio y las CCAA los modelos de referencia (van por el tercer borrador) de las relaciones de puestos de trabajo de ambos y también los del Registro civil.

 

Asimismo, entre otras cuestiones, en el transcurso de la reunión los representantes del Ministerio se negaron a responder por los recortes de derechos que ya se están produciendo en las NOJ de Badajoz, Ciudad Real o Segovia en las guardias  a través de la reducción de puestos de trabajo con código GU, es decir, con la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente. Ni tampoco dijeron nada sobre el plan que tienen para no consolidar en las relaciones de puestos de trabajo de complementos de violencia o los de los servicios comunes de notificaciones saltándose a la torera acuerdos previos que sí establecían esa consolidación o negociando con las CCAA mecanismos de movilidad forzosa.

 

Para CSIF es lamentable la cortedad de miras de los representantes del Ministerio que no hacen ni la más mínima autocrítica sobre la forma en la que están tramitando este asunto que no es más que una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y negociación colectiva de todos y cada uno de los funcionarios/as de Justicia afectados/as.

 

Es inaceptable que en los Tribunales de Instancia los paganos vayan a ser las condiciones de trabajo de los funcionarios/as de Justicia con una reforma a coste cero, en una administración, además, con un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable.

 

Durante la reunión los representantes del Ministerio repetían sin cesar que estos cambios iban a ser buenos para todos, que ya llegará el tiempo de negociar, pero cuando CSIF les pedía establecer un calendario y fijar una serie de temas a negociar tomando como referencia el acuerdo de diciembre de 2021, esos mismos representantes respondían con evasivas sin compromiso alguno.

 

Por no comprometerse ni siquiera nos garantizaron que nos pudieran remitir la presentación de power point que nos mostraron con la débil excusa de que ni las CCAA con quienes llevan negociando casi un año, ni el CGPJ al que mantienen informado periódicamente ni nadie conocía su contenido. Nada de lo que allí había podía ser considerado de tan alto secreto para que no se pudiera hacer público.

 

Ante esta tomadura de pelo, CSIF dice basta y se moviliza en defensa, una vez más, de los derechos laborales e intereses profesionales del personal de Justicia.

 

No será porque no lo hayamos advertido al propio Secretario de Estado, a las CCAA con competencias, a los grupos parlamentarios y sin olvidar la denuncia presentada al Defensor del Pueblo… y las que están por venir tanto por vía administrativa como por vía judicial.