CSIF recurre la resolución de dotaciones de personal por vulneración de la ley de prevención de riesgos laborales

A la vista del contenido de la resolución publicada ayer sobre dotaciones de personal en Justicia y que entrará en vigor mañana, así como de los acuerdos de la Comisión permanente del CGPJ de 11 y 13 de abril, para CSIF, estamos ante un escenario de “desescalamiento” encubierto en la Administración de Justicia y, en consecuencia, contrario al escenario de confinamiento y contención del virus establecido en el RD 487/2020.

Por este motivo, CSIF ha presentado un recurso de reposición al Ministro de Justicia para pedir la anulación de esta resolución y el mantenimiento de las dotaciones de personal establecidas en la resolución del 30 de marzo mientras no pueda cumplir con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), obliga al empresario (incluidas las Administraciones Públicas tanto locales como autonómicas o nacionales) a proteger a sus trabajadores frente a todos los riesgos laborales garantizando su salud y seguridad, en todos y cada uno de los aspectos relacionados con su trabajo, mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias.

Asimismo, conforme a esta ley, el Ministerio está obligado a garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, cuando estos inician su trabajo, después de la asignación de tareas con nuevos riesgos y también tras una ausencia prolongada por motivos de salud, según dispone el artículo 22 de la LPRL.

Sin embargo, mediante esta resolución se pretende que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo en las diferentes oficinas judiciales de todo el territorio nacional sin que se les hagan los test correspondientes para detectar una posible infección por COVID 19 que pueden conllevar más contagios y peligro para la salud y la vida de las personas, tanto trabajadoras como público en general teniendo en cuenta que un porcentaje alto de infectados no presenta síntomas de la enfermedad.

Además, el Ministerio de Justicia debe asegurar un suministro estable de dichos equipos de protección y en cantidad suficiente, y asegurarse que la provisión de los mismos es, realmente, efectiva, es decir que llegan a todos y cada uno de los funcionarios/as que se incorporan a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta el tiempo limitado de uso de algunos de ellos como las mascarillas que son de cuatro horas.

Por todo ello, CSIF solicita que, mientras no se pueda garantizar la salud de los trabajadores de Justicia, se mantengan las dotaciones de personal conforme a la resolución de 30 de marzo.

Asimismo, CSIF solicita al Ministro de Justicia transparencia en relación con los planes de choque, agilización o actuación que está negociando con el CGPJ y los Consejos Generales de Abogados y Procuradores.  En este sentido, el Ministerio debe hacer públicos sus planes cuanto antes y empezar a negociar el diseño, implantación y seguimiento de los mismos con las organizaciones sindicales.