CSIF exige al Ministerio garantías de cambios en el texto del proyecto de ley de los tribunales de instancia

El texto actual, copia casi exacta del que se presentó en la pasada legislatura, afecta gravemente a derechos y condiciones de trabajo del personal de Justicia, especialmente, a sus destinos, y a la propia naturaleza de servicio público.

 

El Ministerio explica que, al estar ligada a los fondos europeos, debe estar aprobada antes de finalizar el año. En este sentido, CSIF ha exigido garantías de que la tramitación en el Congreso permitirá tener una negociación real y efectiva distribuida en varias reuniones y cuyas conclusiones se incorporen al texto legal que definitivamente se apruebe.

 

Además, CSIF ha exigido que se negocien todos aquéllos aspectos que afectan directa (artículos relativos a los libros V y VI de la LOPJ) o indirectamente (extensiones de jurisdicción de los Tribunales de instancia a una o más partidos/provincias) a las condiciones de trabajo del personal de Justicia.

 

Para abordar la negociación se ha creado, por acuerdo de la mesa, un grupo de trabajo con reuniones semanales que comenzarán el martes que viene sobre la base de textos de enmiendas al articulado.

 

CSIF ya ha expuesto su escepticismo sobre un texto que no aborda uno de los problemas fundamentales de la Administración de Justicia que no es otro que el reparto funcional dentro de las oficinas y su reconocimiento laboral y retributivo tal y como se viene reclamando en el conflicto abierto en Justicia.

 

Además, CSIF ha propuesto iniciar la negociación del resto de materias que se encuentran en el documento consensuado por CSIF, staj, ccoo y ugt y que se presentó al Ministerio hace dos semanas incluyendo la regulación básica de la carrera profesional, el teletrabajo, el Registro civil, la clarificación de las funciones y la subida salarial para TODO el personal de Justicia.

 

Ni en la exposición de motivos ni, por supuesto en el texto, se justifica mínimamente el cambio organizativo que se propone.

 

Más allá de que, en términos de agilidad de la Justicia, nadie ha explicado por qué las decisiones colegiadas (tomadas entre tres personas) son más rápidas que las que toma una sola persona.

 

Por su parte, el texto ni siquiera hace referencia al fracaso de la implantación de la denominada NOJ que se supone que es el antecedente de este modelo de Tribunales de Instancia.

 

Como nota anecdótica, en su exposición de motivos se llega a reconocer que a la Justicia le hacen falta medios materiales y personales, para, a renglón seguido, decir que ese no es el principal problema, sin explicar el porqué de ambas afirmaciones. Una broma de mal gusto para quienes sufrimos diariamente las limitaciones de unos sistemas informáticos lentos, unos edificios que se caen o una falta acuciante de personal que según un estudio de CSIF rondaría en los 23.000 efectivos de todos los Cuerpos o para quienes soportamos retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslado. Cuestiones todas ellas que, sí que afectan a la agilidad de la Justicia y a las que nadie presta atención.

 

En ningún momento se explica por qué la creación de macro servicios que impiden la, cada vez más necesaria, especialización del personal de Justicia, o que potencia la posibilidad de movilidades forzosas arbitrarias, es beneficiosa para la Administración de Justicia.

 

Se opta por un modelo de flexibilidad máxima, precarizando el servicio público y el empleo, mutilando derechos laborales, impidiendo la promoción profesional y el desarrollo laboral que ayudarían, sin duda, a mejorar el servicio público con personal público para un servicio verdaderamente público y sin entender que la Administración de Justicia no es una administración más ni que el proceso se puede trocear como si se estuviera en una cadena de montaje de coches. 

 

CSIF, en relación con las UTRAM, exigirá la creación de, al menos un área por cada sección del Tribunal (civil, penal, contencioso y social) y un área por cada sección especializada (familia, menores, concursal, etc…), así como un área por cada 6 unidades judiciales donde no exista más de una sección.

 

En cuanto a los servicios comunes, deberán existir áreas o equipos diferenciados y especializados dentro de su composición en función de las tareas específicas atribuidas (archivo, notificaciones, decanato, servicio de apoyo…)

 

Además, se trata de un modelo que ahonda en el control político de la oficina judicial insistiendo en los puestos de libre designación frente a un modelo que prime el mérito y la capacidad objetivas.

 

Un modelo que en el que el Gobierno renuncia a su obligación de dotar de medios personales y materiales suficientes a la Justicia, que desprecia al capital humano que presta su servicio en los Juzgados y Tribunales impidiendo que la Justicia pueda cumplir su función constitucional. Todo ello, quizá, para justificar su apuesta por la privatización de este servicio público, imponiendo a los ciudadanos una mediación previa y privatizando la ejecución que dificultará su acceso a la justicia y que la encarecerá todavía más.

 

Un modelo, que se pretende imponer sin participación de los trabajadores ya que, en el texto se mantiene la ausencia de negociación de las rpts o de los procesos de acoplamiento por poner dos ejemplos.

 

Un modelo que pone en riesgo los destinos del personal de Justicia, que pretende implantar un sistema ilegal de asignación de una doble rpt a un mismo puesto de trabajo y que abre la puerta amortizaciones de plazas.

 

En relación con los destinos, CSIF exigirá que los puestos de trabajo aparezcan definidos en relación al área y, en su caso, al equipo en el que estén adscritos de forma que el funcionario/a que acceda a ese puesto, bien por concurso, bien por oposición, sepa el orden jurisdiccional en el que está destinado y, en consecuencia, conozca la tarea y funciones, que va a tener que realizar.

 

Un modelo inaceptable tal y como se ha presentado en el Congreso de los Diputados y que exige una negociación artículo por artículo tal y como vamos a proponer en la mesa de negociación.

 

Un modelo que CSIF ya combatió hace dos años y que va a seguir combatiendo, ahora, cuando el Ministerio ha vuelto a presentar el texto al Congreso sin negociar previamente con los sindicatos como era y es su obligación conforme al artículo 37 del TREBEP.