CSIF recuerda que acabar con la violencia machista depende de toda la sociedad y pide unidad a las fuerzas políticas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, recuerda con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que terminar con esta lacra de una vez por todas depende del conjunto de la sociedad. Por ello, llamamos a la unidad de todas las fuerzas políticas para que dejen a un lado sus enfrentamientos partidistas y trabajen de forma conjunta y coordinada para alcanzar un consenso en la lucha contra la violencia de género.

La violencia de género se mantiene en España como un problema de primer orden. Un total de 38 mujeres han sido asesinadas este año en nuestro país (hasta el 25 de noviembre) a manos de sus parejas o ex parejas, mientras que el número asciende a 1.171 desde que existen registros (1 de enero de 2003). Además, en el segundo trimestre de este año se realizaron 45.743 denuncias por violencia de género (un 12,33 por ciento más con respecto al segundo trimestre de 2021), sin olvidar a los niños y niñas que quedan huérfanos por la violencia vicaria.

La violencia contra la mujer se produce en diversos ámbitos, por lo que CSIF exige un refuerzo en la prevención y actuación en el ámbito laboral. En este sentido, lanzamos la campaña ‘Te escuchamos’ y habilitamos nuestras sedes sindicales como “Puntos Violeta” contra la violencia machista; una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando información y asesoramiento. Además, nuestros delegados/as sindicales continuarán velando en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, por la implementación de protocolos contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo.

CSIF reclama la inmediata puesta en marcha de las siguientes iniciativas:

• Relanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género y hacerlo permanente.

• El desarrollo del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE), que lleva dos años de retraso, donde se contempla un procedimiento de actuación para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género.

• La creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género como parte de una nueva estrategia para detectar y ayudar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, posibles víctimas de violencia de género.

• Puesta en marcha de programas específicos en toda la administración pública en materia de formación en asistencia a las víctimas y especialización en los perfiles.

• Impulsar la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo d los derechos laborales de las víctimas de violencia machista.

 

Protocolo pionero con la AGE contra el acoso sexual o por razón de sexo

CSIF considera necesario aumentar los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes, y por eso las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental desde sus diferentes ámbitos en la lucha contra este problema. Por tanto, deben de estar dotadas de personal, medios y financiación suficientes si realmente queremos ser efectivos dando apoyo a las víctimas y poniendo cerco al maltratador.

Precisamente, CSIF ultima la negociación de un protocolo pionero contra el acoso sexual, por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado (AGE). Se trata del protocolo con el mayor ámbito de aplicación laboral en España, ya que se podrán acoger al mismo 230.000 personas que trabajan en la AGE, así como a las empresas externas contratadas del sector privado.

El texto perseguirá el ciberacoso, flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, o bromas vejatorias, entre otras conductas verbales, no verbales y comportamientos físicos recogidos explícitamente. Además, tendrá rango de Real Decreto y contemplará sanciones graves como el despido, separación de servicio o suspensión de funciones.