CSIF reclama 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para empezar a negociar la reforma educativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado un informe sobre el estado actual de la Educación en el que advierte de que los problemas endémicos de nuestro sistema público de enseñanza son los mismos que nos encontrábamos hace 30 años cuando se aprobó la LOGSE, primera gran reforma educativa de la democracia.

 

El informe Razones y Propuestas para una nueva Ley de Educación de CSIF compara las principales magnitudes del sistema educativo de los últimos 30 años donde se comprueba que la inversión (4,3 por ciento del PIB frente al 3,69 de 1990), la tasa de repetición (39,4 frente a 28,7) y el paro juvenil (31 por ciento frente al 30,5) se mantienen en niveles similares.

Asimismo, los datos muestran como en los últimos diez años, coincidiendo con la crisis económica y los recortes realizados en todas las comunidades autónomas, las plantillas se han visto mermadas con 16.922 docentes menos –rompiendo el esfuerzo en la contratación realizado desde 1990—mientras que la ratio alumno/profesor ha aumentado del 16,09 al 16,29.

Por ello, para empezar a negociar la nueva reforma educativa que plantea ahora el Gobierno, por encima de criterios ideológicos, hay que plantearse una estrategia que vaya a los problemas estructurales de nuestro modelo. De entrada, reclamamos la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que arrastramos durante los últimos diez años.

 

Y es que, como se puede comprobar en el informe, la inversión en relación al PIB sigue siendo similar a la de los últimos 30 años y se sitúa en un 4,3%, lejos del 5% que exigía la LOE y del 6% de la OCDE.

Las ocho leyes de Educación existentes desde 1978 evidencian el disparate jurídico y la situación en nuestros centros docentes no ha mejorado.

Planteamos un modelo basado en la Educación Pública, integrador y que asegure una adecuada atención a la diversidad. Para ello, proponemos medidas agrupadas en 4 grandes bloques Sistema Educativo, Modelo Curricular, Recursos y Estatuto Docente:

 

• Horizonte de inversión del 7% del PIB en cinco años.
• Refuerzo de las plantillas
• Pruebas finales de etapa estatales.
• Limitar la promoción de curso automática.
• Bachillerato de 3 cursos.
• Materias comunes para todas las CCAA.
• Menor dispersión de materias, ajustándolas en bloques.
• Prueba única de acceso a la Universidad homologada por el Ministerio de Educación.
• Reducción de ratios de alumnos/as por aula.
• Cuerpos docentes nacionales y catalogación de niveles, reforma del modelo de Acceso a la Función Pública.
• Horario lectivo máximo fijado por ley nacional.
• Carrera profesional remunerada.
• Autoridad, respeto y valoración del profesorado, como base para la mejora de la convivencia escolar.
• Consideración pedagógica del esfuerzo, el razonamiento y la memoria, además de los demás componentes básicos de la educación.