CSIF REITERA SU EXIGENCIA DE NEGOCIAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO PARA EL COMIENZO DE CURSO 2020-2021 CON RIGOR Y SIN IMPROVISACIONES

Desde la publicación en el BOE del Real Decreto Ley por el que se declara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, el Ministerio de Educación no ha tenido ni un solo contacto con los representantes del profesorado, a pesar de las diferentes exigencias por parte de CSIF. La última petición de Mesa Sectorial ha sido realizada de manera conjunta por todos los sindicatos representativos en educación a nivel nacional.

 

La labor de los docentes, que ha permitido la continuidad del curso escolar sin prácticamente ayuda, con sus propios medios y en muchos casos, sin información contrastada, choca con la falta de sensibilidad del Ministerio de Educación hacia sus representantes.

 

Y es que desde que CSIF exigió el cierre de todos los centros docentes el pasado 12 de marzo por la falta de una homogeneidad en las Comunidades Autónomas –cierre que se llevó a cabo a partir de la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo-, se han producido situaciones imprevistas y se han tomado decisiones que han inquietado a los docentes y que eran objeto de negociación e información de primera mano con los representantes legales del profesorado.

 

No se negoció ni informó de cómo tenían que llevar a cabo su actividad docente desde sus domicilios. Tampoco se nos tuvo en cuenta cuando el Ministerio acordó con las Comunidades Autónomas la forma de evaluar el final de curso. Los docentes no participaron en la decisión de que ellos soportarían la presión para la promoción y titulación del alumnado sin criterios homogéneos y objetivos. Tampoco se ha aclarado con el profesorado cómo esquivar la legislación vigente para proceder a evaluar sin tener en cuenta las materias pendientes. Y tampoco se ha pedido su opinión por ser cargados de una considerable carga extra de trabajo burocrático que implica el final de curso, cuando éste ya de por sí es excesivo tal y como indica nuestra encuesta nacional, que publicaremos en los próximos días.

 

Ahora que en algunas Comunidades se están desinfectando los centros con la intención de una posible vuelta a las aulas de algunos grupos de alumnos, debida al mensaje que el Gobierno central lanzó, de nuevo surge la misma duda: ¿acaso esa posibilidad de vuelta a las aulas no se tenía que haber tratado previamente con los representantes legales de los profesionales? Así está contemplado en la legislación vigente. CSIF ya ha manifestado su rechazo a esta vuelta, pues no corresponde a criterios de salud pública. Además, no se concreta para qué se abrirá, para qué alumnado y con qué finalidad. Rechazamos una vez más la apertura de centros con carácter asistencial y rechazamos también esta improvisación constante. ¿Se pretende de nuevo que el profesorado vuelva a modificar el trabajo que ya había adaptado para acomodarse a esta situación? ¿Se ha analizado el beneficio pedagógico de esta posible apertura? Así lo estamos reivindicando en todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

 

Pero CSIF continúa haciendo su labor y por ello, el pasado 30 de abril CSIF reivindicó la necesidad de abordar con tiempo y de manera negociada la vuelta a los centros: exigimos un Plan de Regreso a la Actividad de carácter organizativo y preventivo, así como un Plan de refuerzo educativo para el curso 2020-2021. Sobre esto tampoco tenemos ninguna respuesta.

 

Ahora por la prensa nos enteramos, pues tampoco habíamos recibido ninguna información oficial al respecto, que el próximo 14 de mayo se reúnen con el Ministerio de Educación los responsables de las Consejerías de Educación de toda España para tratar el comienzo del próximo curso. De nuevo se hace sin consultar con los docentes que, sin duda alguna, son en quien recaerá el trabajo y la responsabilidad para llevarlo a cabo. Sin embargo, en otros Ministerios se está negociando este proceso de reincorporación a la actividad presencial. Puede argumentar el Ministerio que son las Comunidades quienes tienen la competencia, pero si esto fuera tan claro no haría falta la Conferencia Sectorial y sería en las Mesas Sectoriales de cada una de ellas donde se negociara el comienzo del curso escolar 2020-2021. Y es que, reconociendo las competencias autonómicas sobre educación, también hay que recordar la competencia del Gobierno en garantizar la igualdad de oportunidades sobre un derecho fundamental como es la educación.

 

Por esta razón, volvemos a exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial para negociar esta vuelta a la actividad presencial y marcar las condiciones básicas en la que ésta se debe producir, para después ser desarrolladas en cada Comunidad Autónoma, tras la negociación correspondiente. Si en la Conferencia Sectorial se toman decisiones en perjuicio del profesorado, se ve mermada la negociación en las Comunidades Autónomas y, por tanto, se recorta el derecho de los docentes a ser representados en las Mesas Sectoriales autonómicas.

 

La puesta en marcha de un plan de retorno a la actividad presencial necesita recursos materiales y humanos. En primer lugar, para adaptar todos los centros a las normas sanitarias necesarias y con cumplimiento del distanciamiento social correspondiente. También es necesario el aumento de plantilla para poder atender a las necesidades educativas y los desdobles y apoyos necesarios para reducir el número de alumnos en cada aula. En una estimación realizada por el sindicato CSIF, el coste de dichas medidas estaría entre 3600 y 4200 millones de euros.

 

La propuesta que ha expresado en los medios la Ministra de Educación es inasumible e imposible de realizar. No se puede duplicar el trabajo de los docentes al tener que compartir la actividad presencial junto con la enseñanza a distancia. Los centros no pueden organizarse de esta manera y los problemas de conciliación serían llevados al extremo presionando una vez más al colectivo docente, obviando de nuevo su carácter pedagógico.

 

Esta propuesta no es una verdadera reducción de ratios, es simplemente una ocurrencia ante la falta de planes ambiciosos para atajar un grave problema. CSIF exige una verdadera reducción de ratios, equivalente al número de alumnos que un docente tiene a su cargo en un curso escolar, para abordar su educación con verdadera atención individualizada y no la reflejada en los papeles de manera ligera. Pero eso es necesario afrontarlo de manera estructural y no motivada por la pandemia.

 

CSIF exige que el profesorado sea tenido en cuenta en todas las decisiones y que no se tomen medidas sin contar con su opinión.

 

Por la dignificación de la labor docente.

 

                                                                      

                                                           Madrid, 11 de mayo de 2020