El teletrabajo ya es una realidad en la Administración del Estado: un 25 por ciento de la plantilla se ha acogido a esta modalidad

El Consejo de Ministros aprueba hoy la regulación básica del teletrabajo para el conjunto de las administraciones públicas, un acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato  más representativo en este ámbito, que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de empleadas y empleados públicos de toda España.

CSIF espera que el nuevo derecho aprobado hoy por el Consejo de Ministros –al que se podrá acoger tanto personal funcionario como laboral-- se desarrolle cuanto antes en el conjunto de las administraciones (Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos...)

No obstante, el trabajo no presencial ya es una realidad en la Administración General del Estado, donde se empezó a aplicar de manera pionera desde el pasado mes de junio, mediante una resolución (aunque ya desde mayo se empezó a priorizar el teletrabajo). Según datos facilitados a CSIF, hasta agosto de 2020 ya se habían acogido al mismo la cuarta parte del personal civil de esta administración (no se incluye el personal de las Fuerzas Armadas ni de los Cuerpos de Seguridad del Estado).

 

En concreto, de un total de 175.463 personas, 43.464 han decidido acogerse a la modalidad no presencial para el cuidado de menores de 14 años, por tener a su cargo a mayores, dependientes o personas discapacitadas, o simplemente en virtud de este nuevo derecho que permite al conjunto de la plantilla desarrollar el teletrabajo al menos un día a la semana, en función de las necesidades del departamento y las características del puesto.

 

CSIF valora de manera positiva esta primera experiencia, si bien consideramos que se debe mejorar su aplicación en los diferentes departamentos, garantizando la homogeneidad en las medidas aplicadas. Se da la circunstancia de que algunos departamentos (Hacienda, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cultura y Deporte o Política Territorial y Función Pública) están aplicando la resolución de manera restrictiva, denegando solicitudes sin la debida justificación, por motivos organizativos o de necesidades de servicios.

El teletrabajo tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa). Además, el personal que preste sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal. Desde CSIF estamos convencidos de que esta modalidad laboral también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la el trabajo presencial y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.