Implantación de la LOSU: entre la precariedad y la falta de financiación

Precariedad del Personal Docente e Investigador

• La Temporalidad está por encima del 49% según el Boletín Estadístico de las AA.PP. La Universidad de Las Islas Baleares tiene un 61%, la de Navarra y el País Vasco están por encima del 59% y las catalanas superan el 58%.

• La Estabilización del PDI se produce muy tarde, en torno a los 45 años. Para facilitar el necesario relevo generacional habría que estabilizar entre los 30 y los 35 años.

• Existen enormes bolsas de precariedad entre el profesorado asociado (más de un 30% de la plantilla según el SIIU), los profesores/as sustitutos interinos andaluces o los profesores/as visitantes madrileños.

• El nuevo profesorado sustituto de la LOSU entra en muchas universidades en precario con reducción de jornada, sin compatibilidad y sin acceso a la investigación.

• Las universidades públicas perdieron 2.316 profesores permanentes (funcionarios y contratados indefinidos) en una década según el Observatorio IUNE.
   
• El curso se inicia sin la incorporación de los nuevos 3.400 profesores/as Ayudantes Doctores del programa INTEGRA, ahora llamado María Goyri, acordado por el Gobierno y las CC.AA. De momento y, curiosamente, solo se ha firmado con Asturias y Castilla-La Mancha.
   
• Los rectores piden más plazas de Ayudante Doctor y las CC.AA. denuncian que la financiación del Gobierno se ha quedado solo en un 60% y que tras seis años serán ellas las que tengan que financiar el 100% de esas plazas.
   
• No hay equiparación de derechos entre el PDI Laboral y el Funcionario. Necesitamos una normativa para el cobro de Quinquenios y Sexenios por todo el PDI laboral, permanente y temporal, a tiempo completo o a tiempo parcial.

  Financiación insuficiente

• El Sistema Universitario Español sigue inmerso en un contexto de infrafinanciación endémica.

• La limitación de recursos impide el refuerzo de la oferta académica, mejorar infraestructuras, cubrir los incrementos de las retribuciones laborales, de los servicios básicos o de los derivados de los cambios legislativos de la LOSU.
• Según el Panorama de la Educación 2024 de la OCDE, el gasto total en España por estudiante universitario ha sido un 21,83% inferior que en la UE25.
• Con las clases ya iniciadas no hay autorización ni fondos para poder hacer lo que obliga la LOSU como adaptar los contratos de miles de profesores, gestionar nuevas contrataciones de PDI o reducir las horas de clase.
• En 2021, España destinaba a la I+D un 66% de los recursos medios de la UE según el último informe “La universidad Española en Cifras”, de la Crue. España es hoy en día el antepenúltimo país en gasto I+D por Universidad.
• Es necesario asentar -con corresponsabilidad y sin esperar al 2030- las bases de una financiación que permita alcanzar cuanto antes el objetivo del 1% del PIB (hoy se sitúa en el 0,7%).
• Equiparar las condiciones de financiación pública de España con la de los sistemas universitarios europeos “requeriría disponer de un importe de recursos adicionales cercano a los 4.000 millones de euros”.
• Las universidades buscan un nuevo modelo de financiación plurianual con sus gobiernos autónomos en Valencia, Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, etc. Ya lo tienen en Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía.