El comité de huelga pide a la UE que medie para que el Gobierno negocie con los funcionarios de Justicia, tras casi tres meses de conflicto

El Comité de huelga, formado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, ha enviado una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, emplazándole a que se dirija al Gobierno para que negocie un incremento salarial para los funcionarios de Justicia acorde con las funciones que realizan y se cierre así el conflicto iniciado hace casi tres meses.

Coincidiendo con el inicio de la Presidencia española de la UE, los sindicatos explican al comisario europeo que llevan tres meses de conflicto -incluyendo casi dos meses de huelga general- y que el Gobierno en ningún momento ha tenido ni voluntad ni intención de llegar a un acuerdo, por lo que emplazan a las autoridades europeas a que tomen cartas en el asunto y medien para poner fin al conflicto. Precisamente, hoy termina el plazo dado por el comité de huelga a Justicia para que acepte una mediación para tratar de llegar a un acuerdo.

En su misiva, el comité de huelga remarca la vulneración de los derechos de información, consulta y negociación colectiva recogidos en los artículos 27 y 28 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como los principios 21 y 26 y el artículo 6 de la Carta Social Europea. En este sentido, señala que, en medio de un proceso de cambio tecnológico en la Justicia, no se puede obviar la participación de los trabajadores a través de sus representantes sindicales y la negociación colectiva con el objetivo de conseguir una transición digital justa en términos utilizados por la propia UE y más cuando esos proyectos reciben fondos comunitarios.

Además, la carta se hace eco del acuerdo de subida salarial al que el Ministerio de Justicia ha cerrado con jueces y fiscales, y con letrados de la Administración de Justicia, y lo antepone a la oposición total que el Ejecutivo ha tenido para llegar a un acuerdo con los 45.000 funcionarios de Justicia.

Desde que comenzó la huelga general del personal de Justicia, hace casi dos meses, más de 20 millones de actuaciones procesales se han paralizado, y otros dos millones de juicios han quedado a su vez suspendidos y aplazados por varios meses e incluso años, lo que afecta a los intereses de millones de ciudadanos y empresas.