CSIF reclama a la Junta medidas urgentes ante la falta de avances en el desarrollo normativo de la FP en Andalucía

• El sindicato denuncia que a pocos meses de la planificación del próximo curso no haya directrices claras en torno a la Formación Profesional
• Exige una reducción de la carga burocrática, apoyo en la búsqueda de empresas y mejores infraestructuras y equipamientos, entre otras cuestiones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública en Andalucía, ha denunciado la “inaceptable parálisis” del desarrollo normativo de la Formación Profesional (FP) en Andalucía y ha exigido que se pongan en marcha medidas urgentes para atajar los numerosos problemas que sufren estas enseñanzas.

La presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha señalado que la falta de avances en la regulación del nuevo Decreto de Formación Profesional y de la nueva Orden de Evaluación “provocan graves deficiencias en el desarrollo de estos estudios y afectan de manera negativa tanto al alumnado como al profesorado”. En este sentido, la dirigente sindical ha señalado que “a pocos meses de la planificación del próximo curso 2025/2026, seguimos sin un marco normativo claro y adecuado para el correcto desarrollo de la FP Dual”, por lo que ha instado a la Administración andaluza a que asuma responsabilidades de manera inmediata y “no siga poniendo en jaque las condiciones laborales de las y los profesionales”.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha denunciado reiteradamente esta situación, la última vez en la Mesa Técnica celebrada a principios del mes de marzo, donde además puso de manifiesto las graves carencias del borrador que impiden una formación práctica adecuada y adaptada al mercado laboral. Esta situación está provocando incertidumbre entre las y los docentes, sin que la Junta de Andalucía haya reaccionado hasta el momento.

La dirigente sindical ha insistido en que la reforma normativa de la FP “no puede ser una excusa para degradar la educación pública ni precarizar las condiciones del profesorado”. En este sentido, ha advertido de que “CSIF no va a permitir retrocesos en la calidad educativa ni la pérdida de puestos de trabajo”.

   Entre los problemas para los que la Central Sindical demanda soluciones inmediatas se encuentra la “asfixiante carga burocrática que afronta el profesorado y que le resta tiempo para lo realmente importante, que es la docencia”, así como la necesidad de ampliar las horas de tutoría dual, que son claramente insuficientes, y están dejando al alumnado sin el acompañamiento necesario y al profesorado con una sobrecarga laboral excesiva. La central sindical ha denunciado además que esta tutoría dual no cuenta con una compensación económica, lo que constituye “un claro abuso”.

Asimismo, García ha criticado la falta de apoyo institucional que tiene el profesorado en la búsqueda de empresas colaboradoras, “que además de convertirse en una odisea para los docentes, supone asumir tareas más allá de sus funciones”. En este sentido, CSIF ha reclamado más apoyo en la prospección de empresas y situar la figura del dinamizador en los centros educativos, no en las delegaciones territoriales, con funciones específicas de captación y coordinación empresarial.

A la falta de empresas colaboradoras, que impide una formación de calidad, se suma que “la FP sufre carencias de infraestructuras y los equipamientos son obsoletos, por lo que es necesario contar con espacios más seguros y adaptados a las exigencias formativas y más recursos informáticos y técnicos, con garantías de que lleguen a todos los centros que imparten estas enseñanzas”, ha manifestado la responsable sindical, quien también ha indicado que es necesaria una ampliación de la oferta formativa de la FP pública, adaptada a las necesidades del mercado laboral y a la creciente demanda del alumnado.

Por todos estos motivos, CSIF ha emplazado a la Junta de Andalucía a que asuma sus responsabilidades y convoque cuanto antes el foro negociador con objeto de establecer cuanto antes una normativa clara y publicada en tiempo y forma para evitar la incertidumbre y las dificultades organizativas que han marcado el presente curso. Para García es “incuestionable” que se deben poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para garantizar una Formación Profesional de calidad, con equidad y con un profesorado respaldado en su labor docente y formativa.