CSIF traslada al Grupo Popular en el Congreso la grave situación del SEPE
17 de uztaila de 2024
El organismo va a recibir la transición del subsidio por desempleo al IMV con una plantilla desbordada, en el peor momento de su historia, con un déficit de 3.500 efectivos.
CSIF entrega al Grupo Popular un informe sobre la situación en el SEPE (al final de la información adjuntamos PDF)
![](https://www.csif.es/uploads/articulo/imagenPrincipal/nota-age-1721215674.jpg)
Madrid, 17 de julio de 2024. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha trasladado al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados la grave situación del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) como consecuencia de la carencia de efectivos.
Durante la reunión, CSIF explicó profusamente al Grupo Popular la problemática contemplada en la carta remitida el pasado día 24 de junio a la vicepresidenta Segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ante la próxima asunción de competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una plantilla ya desbordada.
Como hemos trasladado a la ministra, a partir de noviembre va a entrar en vigor una profunda reforma del nivel asistencial (con la coexistencia en la aplicación de dos regulaciones normativas) y que da acceso en esta ampliada protección a colectivos que antes estaban excluidos, a lo que se unirá la “cogestión” del Ingreso Mínimo Vital (competencia de la Seguridad Social)
Esta situación abocará al indudable colapso del SEPE, dado que en la actualidad no dispone del número suficiente de efectivos para atender la demanda de atención a nuestros propios usuarios y por tanto, y en nuestra opinión, será prácticamente imposible asumir la gestión de los potenciales beneficiarios del IMV.
EL PEOR MOMENTO DE LA HISTORIA DEL ORGANISMO
Respecto al dimensionamiento de la plantilla, el SEPE se encuentra en el peor momento de su historia, dado que en los últimos diez años ha perdido una cifra cercana a los 3.500 efectivos estructurales, disponiendo a fecha de hoy, de sólo 7.270 efectivos.
De esta cifra, algo más del 60% (alrededor de 4.500 efectivos) está adscrito a las oficinas de prestaciones (atención al público presencial o telemática). Puede parecer un número significativo, pero cuando se distribuyen en las 711 oficinas de atención presencial, 52 oficinas de atención telefónica (una por provincia), 52 direcciones provinciales (conjunto de unidades que dan soporte a las oficinas adscritas a cada provincia) y los Servicios
Centrales (dirección general y las distintas subdirecciones generales) que dan soporte al conjunto del Organismo, la realidad se torna muy distinta.
La gravísima carencia de efectivos implica que el 55% de dichas oficinas de atención directa al público estén infradotadas de personal, y los datos oficiales así lo corroboran:
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Siete oficinas en las que no disponemos de ningún efectivo
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Cincuenta y nueve oficinas que cuentan con un solo efectivo.
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Ciento cuatro oficinas que solo disponen de dos efectivos.
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Ochenta y seis oficinas que cuentan con tres efectivos.
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Sesenta y siete oficinas que disponen de cuatro efectivos.
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Sesenta y cinco oficinas que cuentan con cinco efectivos.
Consecuencia de esos datos, los solicitantes de prestaciones por desempleo encuentran verdaderas dificultades para la obtención de cita previa presencial, teniendo obligatoriamente que utilizar muchísimas de estas personas canales telemáticos alternativos para comunicarse con el SEPE y solicitar sus prestaciones, sin tener la más mínima oportunidad de aclarar las dudas que resolverían en una atención personal. Desde CSIF, exigimos de un Servicio Público de estas características, que siendo la primera línea de defensa ante las graves consecuencias del desempleo, deba disponer obligatoriamente de una plantilla estructural suficiente que permita abordar la demanda diaria de atención personal.
Por ello, CSIF manifiesta su rotundo rechazo a este modelo de colaboración con la Seguridad Social, en tanto el SEPE no esté dotado con personal suficiente que permita afrontar con unos mínimos ratios de calidad no sólo la gestión de las prestaciones por desempleo, también las tareas inherentes a la cogestión del Ingreso Mínimo Vital.