Carlos Martínez, reelegido presidente del sector nacional de Administración General del Estado de CSIF

Carlos Martínez Navarrete ha sido reelegido presidente del sector nacional de Administración General del Estado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en este ámbito por tercer mandato consecutivo-- para los próximos cuatro años, en el Congreso celebrado en Madrid este martes, con el apoyo del 98,6% de los compromisarios asistentes.

Una de las prioridades para CSIF es la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2025 que incluyan un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la pérdida de más del 20% de poder adquisitivo acumulado en la última década y del 6% tras el acuerdo firmado hace dos años entre Gobierno, CCOO y UGT. Es necesario también alcanzar la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

El sindicato también reclama al Gobierno que apruebe una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales del personal de la administración y que se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento a finales de este año. Es clave elaborar planes de recursos humanos que incluyan la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

Además de estas reivindicaciones, para CSIF es fundamental la puesta en marcha, entre otras, de las siguientes medidas:

• Desarrollo de la Ley de Función Pública.
• Culminar el proceso de estabilización
• La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a plenes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
• Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.
• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
• La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
• Regular e implementar el teletrabajo en la Administración General del Estado.
• Impulsar políticas de Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales.
• La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.
• Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.